La resolución judicial del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico otorgó a la empresa canadiense-estadounidense 24 horas para poner a disposición los documentos y la información reclamados por la Comisión de Desarrollo Económico y Energía de la Cámara desde el pasado 15 de marzo.
La empresa privatizadora del sistema de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se amparó en consideraciones de confidencialidad y la protección de los secretos del negocio para negarse a entregar la información de sus centros atención al cliente, su capacidad operativa en emergencias y otras consideraciones.
El magistrado Cuevas Ramos advirtió a LUMA Energy que ante el incumplimiento con lo dispuesto por el Código Político de Puerto Rico de 1902, será castigada por el tribunal como un desacato civil.
El CEO de la corporación, Wayne Stensby, rehusó en la víspera contestar las preguntas del diputado Luis Raúl Torres, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes.
Desde su entrada en operación el pasado 1 de junio, LUMA Energy no ha podido mantener estable el sistema eléctrico de esta isla del Caribe de 3,2 millones de habitantes.
En un momento, unos 900 mil abonados, de un total de un millón 400 mil, se quedaron sin energía eléctrica y al menos dos viviendas se han incendiado debido a explosiones causadas por el alto voltaje.
El consorcio llegó hace poco más de un año a Puerto Rico a aprender el funcionamiento del sistema antes de que entrara a tomar el control, al inicio de este mes, de la transmisión y distribución de energía que produce la estatal AEE.
La entrada de LUMA Energy implicó el desplazamiento de cerca de cuatro mil 500 empleados especializados afiliados a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), con un promedio de 15 años de experiencia.
La situación, que ha generado un caos en el servicio eléctrico en el país, ha provocado la indignación de gran parte de la población, de sectores empresariales y hasta de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, que teme las interrupciones causen muertes de pacientes.
Parte de la información requerida a LUMA Energy se relaciona con la cantidad de brigadas establecidas y los puestos de los empleados en cada una, además de las regiones o municipios que cubren, aparte de la cantidad de integrantes del centro de llamadas de servicio al cliente.
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, consideró necesario conocer la situación financiera de la empresa y sus funcionarios ante la posibilidad de que, con fondos federales de la reconstrucción, LUMA contrate a sus compañías matrices.
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