La primera corriente luego de la investidura del nuevo ejecutivo el 15 de agosto después de ganar Peña las elecciones del 30 de abril fue “el cartismo” (partidarios del expresidente Horacio Cartes) que “digitó las primeras movidas políticas y hasta ahora predomina en la Presidencia”, aseguró el senador.
Actos como la conformación de la mesa directiva del Congreso, los principales nombramientos de cargos ejecutivos y también los de organismos extrapoder como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados estuvieron determinados por “el Cartismo”, afirmó el también historiador y abogado.
La otra fuerza que condiciona la política oficial es “el abdismo” (del anterior mandatario Mario Abdo), que –según Nakayama- “hasta el momento también se pliega a los requerimientos del Ejecutivo, a veces cumpliendo los pactos acordados con Peña y otras, esperando indulgencia o impunidad ante los hechos de corrupción de la administración anterior”.
El senador del Partido Liberal Radical Auténtico sitúa como tercera corriente al que considera “incipiente peñismo, que da algunas muestras de ciertos posicionamientos propios, independientemente de su tronco principal, y parece tomar conciencia de las consecuencias que implica cargar con lastres ajenos o defender lo indefendible”.
Nakayama estima que en estos primeros tres meses de gobierno, “el cartismo operó con mucha inteligencia e hizo valer todo su poder, mientras la ‘seudooposición’ se entregó por completo a planes de copamiento del Estado”.
“Como era de esperarse -enfatiza el analista- el presidente Peña debió cumplir con varios de sus compromisos con el grupo cartista que lo llevó al poder, así como con los demás sectores que le prestaron su apoyo para realizar las reformas estructurales”.
De acuerdo con el senador, el equipo económico que solicitó dichos favores, “no escatima esfuerzos para sacar cuantas leyes necesitaron para lograr estos objetivos, incluidas fusiones de instituciones, autorización impropia para emisión de bonos y/o contratación de nuevos empréstitos por unos 600 millones de dólares, que impactan en el actual Presupuesto General”.
Medios políticos y periodísticos cuestionaron antes y después de las elecciones de abril la influencia que tendría en las decisiones del nuevo gobierno el expresidente Cartes, un político sobre el que pesan reiteradas denuncias por delitos de lavado de dinero, contrabando y otros cargos asociados al narcotráfico y al terrorismo. mgt/apb
