Una declaración divulgada en el sitio oficial de esa agrupación, apunta que “el Protocolo Italia-Albania viola los derechos humanos de los migrantes” y entre los argumentos señala que en el texto del mismo acuerdo “la posibilidad de revisión judicial también parece verse comprometida, al igual que el derecho a un recurso efectivo”.
“El acuerdo ni siquiera especifica qué pasará con los migrantes que hayan solicitado protección internacional y que no reciban respuesta en el plazo de 28 días previsto por el procedimiento acelerado” y “a las personas llevadas a estas instalaciones se les impediría salir, sufriendo de un régimen de detención, sin una base jurídica clara”.
Antonio Russo, vicepresidente de la ACLI, hizo un llamamiento al Parlamento para que frene el proyecto de ley para ratificar ese pacto, anunciado por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, durante una presentación efectuada el martes último en la Cámara de Diputados.
Ese pacto contempla la tramitación de la solicitud de asilo de los migrantes rescatados en el mar Mediterráneo por buques italianos, en dos centros en el norte de Albania.
Las estructuras serán construidas, financiadas y operadas por Italia, bajo su jurisdicción, y estarán completamente cerradas, custodiadas por las autoridades italianas y también por la policía albanesa en el exterior.
Podrán albergar hasta tres mil personas a la vez, con un máximo de 36 mil en el transcurso de un año, y cuando se tome una decisión sobre la solicitud de las personas, si es denegada, Italia conservará toda la responsabilidad de una posible extradición.
En su defensa del texto ante los legisladores, Tajani aseguró que el mismo está basado en el Tratado de Amistad firmado en 1995 entre ambas naciones, el cual prevé en su artículo 19 la colaboración bilateral en materia migratoria y busca “un enfoque diferente en la gestión de los flujos y una lucha tenaz contra la trata de seres humanos”.
El canciller italiano calificó al pacto, firmado por la primera ministra, Giorgia Meloni; y su homólogo albanés, Edi Rama, como una pieza importante en la estrategia global del Gobierno, en un “contexto de creciente inestabilidad, que corre el riesgo de aumentar los flujos migratorios y el odioso mercado de los traficantes”.
Fuerzas políticas opositoras cuestionan la legalidad de ese acuerdo, sobre el cual la presidenta del Partido Demócrata, Elly Schlein, expresó que “parece una violación abierta de las normas del derecho internacional y del derecho europeo”, y apuntó la necesidad de examinar atentamente el protocolo del mismo.
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