La sesión tenía en pauta 34 vetos presidenciales y siete proyectos de ley, y el más polémico de ellos sobre 47 dispositivos del llamado marco temporal de las posesiones nativas.
Entre otros puntos, Lula vetó el principal dispositivo de la iniciativa aprobada por el Congreso, la cual establecía que los pueblos originarios solo tendrían derecho a tierras que ocupaban o reivindicaban el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución.
Tal proyecto, aprobado por diputados y senadores, se confrontó con la decisión reciente del Supremo Tribunal Federal (STF), que rechazó la posibilidad de adoptar esa data de la Carta Magna como hito transitorio temporal para la definición de las tierras indígenas.
Los vetos del fundador del Partido de los Trabajadores atendieron pedidos del Ministerio de los Pueblos Indígenas y de movimientos ligados a esas comunidades.
Esas medidas disgustaron a legisladores de la bancada ruralista, ligados al agronegocio y favorables al marco temporal, y que articulan el derrocamiento del inconveniente.
Además de vetar puntos del marco temporal, Lula frenó tramos que preveían la posibilidad de cultivo de productos transgénicos y de actividad minera en patrimonios originarios.
Imposibilitó también el punto que facilitaría la construcción de carreteras en áreas aborígenes y el que preveía que el Gobierno pagaría una indemnización a los ocupantes de tierras demarcadas como espacios indígenas.
La compensación era una de las principales reivindicaciones de la bancada ruralista.
El proceso que motivó la discusión trata de la disputa por la posesión de la Tierra Indígena Ibirama, en el sureño estado de Santa Catarina.
La zona está habitada por los pueblos Xokleng, Kaingang y Guarani y la tenencia de parte del dominio es cuestionada por la fiscalía de la división territorial.
Especialistas critican la tesis transitoria, teniendo en cuenta que validaría y legalizaría invasiones y violencias cometidas contra indígenas para la toma de posesión de tierras antes de esa fecha.
Para líderes aborígenes, el marco excluye la realidad histórica y cultural de los nativos, y viola tratados internacionales firmados por Brasil, como la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La decisión del Congreso Nacional de aplazar la votación del veto emergió vísperas de la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, prevista para comenzar el 30 de noviembre.
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