La agenda describe acciones prioritarias con miras a 2030, como la reducción de las emisiones para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius; la ampliación de las soluciones lideradas localmente para la adaptación a las pérdidas y daños; y la promoción de la equidad intergeneracional como núcleo de la respuesta climática.
El documento, cuyo desarrollo fue liderado por el Instituto de Recursos Naturales del Caribe, reconoce que el cambio climático es una grave amenaza para la población, los sectores económicos y los ecosistemas naturales de la región; y sus impactos suelen ser más duros para los grupos vulnerables y marginados.
Entre estos últimos se incluyen los pequeños agricultores y pescadores, los productores rurales, las personas mayores y discapacitadas, los ciudadanos de bajos ingresos, indígenas, afrodescendientes, migrantes y las personas Lgbtiq+.
Si los gases de efecto invernadero continúan aumentando, los impactos del aumento del nivel del mar, los huracanes más intensos y la variabilidad de las precipitaciones, entre otros cambios, amenazarán la existencia de la vida en el Caribe y otros países que son los que menos contribuyen a estas emisiones, afirma el documento.
La Alianza Caribeña por la Justicia Climática llama a cumplir las acciones recogidas en la agenda, a pocos días de que líderes de todo el mundo se reúnan en la COP 28, que sesionará en Emiratos Árabes Unidos, del 30 de noviembre al 12 de diciembre.
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