Tal confesión se trata de un pacto entre el acusado y el Ministerio Público (acusador), y el primero colabora con las investigaciones.
O sea, el delator renuncia a su derecho al silencio y en cambio recibe una ventaja, que puede variar de acuerdo con el grado de su colaboración.
El portal R7 asegura que la institución solicitó además elementos entregados que tengan relación con las joyas recibidas en Arabia Saudita por una comitiva oficial y los supuestos fraudes en la tarjeta de vacunación de Bolsonaro.
Para la CGU, serán útiles para las indagaciones otros elementos que ayuden en la responsabilidad administrativa de servidores y antiguos funcionarios federales que puedan estar involucrados con el asunto.
La entidad cita informes, registros fotográficos, filmaciones, informaciones de transferencias bancarias, violaciones de secreto telemático, telefónico, de datos, informaciones prestadas en alegatos de testigos e interrogatorios.
También la Contraloría quiere los registros de conversaciones mantenidas por Cid a través de aplicaciones de mensajería electrónica con Julio Cesar Vieira Gomes, exsecretario de Hacienda Federal, Bento Albuquerque, exministro de Minas y Energía, y Marcelo Câmara, asesor de Bolsonaro.
De igual manera demanda acceso a los diálogos con otras personas sobre el lanzamiento de registros falsos de vacunación contra la Covid-19 en la cartera de inoculación del exmandatario de tendencia ultraderechista.
El 9 de septiembre, el ministro Alexandre de Moraes, del STF, homologó la denuncia premiada del exayudante y le concedió libertad provisional.
Cid estaba preso desde mayo bajo sospecha de fraude en tarjetas de vacunación. También es sospechoso de participar en el caso de las joyas regaladas por gobiernos extranjeros, de los actos antidemocráticos del 8 de enero en esta capital y de una supuesta tentativa de golpe de Estado.
A pesar de la libertad, el teniente coronel cumple medidas cautelares como uso de tobillera electrónica, prohibición de salir en la noche y los fines de semana, apartarse del uso de redes sociales y suspensión del porte de arma de fuego.
Una nueva orden de detención podrá ser dictada en caso de incumplimiento de las disposiciones preventivas.
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