El documento contempla un incremento del 3,5 por ciento del gasto público en comparación con el año anterior, poniendo énfasis en servicios como la salud y educación.
Las partidas para el combate a la inseguridad y la delincuencia, uno de los principales reclamos de la población, tuvieron un alza de 5,5 puntos porcentuales y se les asignó prioridad a los programas Calles sin violencia y atención a las víctimas de delitos.
En la sala de diputados la ley fue aprobada con el voto favorable de 115 legisladores, 18 se pronunciaron en contra y hubo tres abstenciones.
Los sufragios opuestos a la normativa fueron de la bancada del extremista Partido Republicano y algunos de la conservadora Unión Demócrata Independiente.
Mientras, en la denominada cámara alta, 38 senadores votaron a favor y dos en contra, Rojo Edwards, de Republicanos, y Carlos Kuschel de Renovación Nacional.
Concluido el proceso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que la discusión fue intensa, pero con muchos puntos de encuentro gracias a la buena voluntad de los parlamentarios y el aporte del Ejecutivo.
Agregó que el presupuesto mantiene en términos globales las cifras presentadas inicialmente, si bien se incorporaron muchas sugerencias en el curso del proceso, las cuales fueron aprobadas en su mayoría.
El ministro destacó que se establecieron reglas precisas sobre los contratos con instituciones privadas sin fines de lucro para la ejecución de determinadas tareas, garantizando la mayor transparencia posible en las operaciones.
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