El jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, explicó que un gran jurado federal emitió una acusación formal de 60 cargos contra 18 personas por importación de cocaína y marihuana.
Muldrow estableció, en rueda de prensa, que la pandilla estaba encabezada por José Julio Rodríguez-Cumba, alias Chambi, que dirigía las operaciones desde la cárcel federal después de su arresto en 2021.
El sujeto presuntamente mantenía una operación “para disfrazar las ganancias de los narcóticos como ganancias legítimas a través de varias entidades comerciales y depósitos por premios de la Lotería de Puerto Rico”.
Al describir una “organización criminal de familia”, Muldrow sostuvo que mantenía una operación de “gran escala”, al utilizar “transportación terrestre, área y marítima para importar y distribuir cargamentos de cocaína” desde Venezuela hacia Puerto Rico y Estados Unidos.
Según el fiscal federal, con relación a la organización criminal, “hasta la fecha se han incautado más de 6 millones de dólares en efectivo y activos, aproximadamente 10 armas de fuego y más de 2 mil kilogramos de narcóticos».
El pliego sostiene que los cargos por armas de fuego se relacionan al hecho de que, como parte de la conspiración, la organización “planificó y ordenó delitos de violencia”.
Muldrow añadió que también recibían cargamentos de marihuana desde Estados Unidos para distribuir en Puerto Rico, una operación poco habitual, ya que mayormente se produce a la inversa.
En el operativo de las autoridades estadounidenses, denominado “La Fundación”, se apresó a un comerciante del norteño pueblo Hatillo, Emiliano Feliciano Hernández, que ha tenido contratos con municipios por más de 10 años.
Rodríguez-Cumba utilizó desde el año 2020 a intermediarios para hallar personas que ganaron premios en la Lotería de Tradicional de Puerto Rico para comprarles el billete y luego cobrarlo.
“En ocho meses, Rodríguez-Cumba, supuestamente ganó la Lotería siete veces”, reveló Muldrow al precisar que para lavar 375 mil dólares en ese tiempo, los acusados abrieron cuentas en bancos y cooperativas.
Uno de los acusados en este sentido, Feliciano Hernández, es dueño de una corporación que ha tenido contratos con varios municipios y agencias de gobierno por más de una década.
Además de cargos de narcotráfico, Feliciano Hernández enfrenta denuncias por lavado de dinero y obstrucción de la justicia.
El registro de la Oficina del Contralor muestra 47 contratos a nombre de su corporación desde 2014, mientras que a su nombre aparecen registrados otros 19 contratos entre 2011 y 2016.
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