De ser aprobada la normativa este martes en el pleno del Legislativo, quedará regulada la prestación de esos servicios para la protección de personas, bienes muebles e inmuebles y valores, así como la formación y capacitación para los trabajadores del sector.
La medida, que quedó pendiente debido a la disolución de la Asamblea por la muerte cruzada, se debatirá en el pleno del parlamento cuando la ciudadanía exige a ese poder del Estado acciones para combatir la inseguridad.
El expresidente Guillermo Lasso mediante decreto ejecutivo modificó en abril pasado el reglamento de la versión actual de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada y autorizó a los guardias a utilizar sus armas para enfrentar la delincuencia.
Esa medida causó polémica y rechazo, incluso de algunos empleados del sector.
La Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (Fenaspe) repudió en ese momento el porte y tenencia de armas para civiles, al tiempo que llamó a generar políticas públicas que permitan resolver el origen real del conflicto: desigualdad y falta de oportunidades.
Ecuador atraviesa por la peor ola de violencia de su historia, donde el narcotráfico y el crimen organizado han disparado la tasa de homicidios hasta valores que pueden dejar este año al país como uno de los más violentos de Latinoamérica, según expertos.
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