Autoridades indígenas y organizaciones sociales convocaron para las 08:00, hora local, a la protesta pacífica debido a que la nación se halla en una encrucijada histórica, bajo amenazas, según señalaron mediante un comunicado.
Ante los ataques que ponen en peligro el rumbo de nuestra historia democrática, es esencial mantenernos unidos en pro de los valores que nos conforman como pueblo, subrayaron en el texto las comunidades originarias mayas.
“Esta movilización será una afirmación de nuestra identidad y fortaleza como pueblo guatemalteco, porque a pesar de las adversidades y desafíos, permanecemos unidos y firmes en nuestra lucha por un futuro más justo y libre”, enfatizaron.
El presidente electo de la nación, Bernardo Arévalo, se sumó a la convocatoria y en un mensaje a través de su perfil en la red social X consideró que “llegó el momento de unirnos”.
“Los corruptos de siempre hirieron las fibras más sensibles de la sociedad”, aseveró, y agregó que niegan la libertad a elegir y el derecho a vivir en un país justo y próspero.
Estamos atravesando un momento que exige claridad y decisión de nuestra parte, acotó el actual diputado, “sin lugar para tibiezas, para silencios cómplices o para ambigüedades”, remarcó el abanderado del partido Semilla.
El excandidato presidencial Edmont Mulet pidió la víspera unirse a la marcha por la democracia, que se reunirá frente a la Corte Suprema de Justicia, pasará luego por la Corte de Constitucionalidad y concluirá en el MP.
“Nos enfrentamos a un plan dañino por parte de quienes no aceptan la derrota”, afirmó mediante su perfil en la red social X el líder de la agrupación política Cabal.
Pidió el respaldo a alcaldes y diputados electos por su fuerza, pero también invitó a los otros, a la juventud, mujeres, estudiantes, profesionales, a la gente del campo, de la ciudad, empresarios y trabajadores.
Cientos de indígenas caminaron el lunes pasado por calles de esta capital contra el Presupuesto de Guatemala 2024 aprobado por el Legislativo y la decisión de retirarle la inmunidad a cuatro de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Los pueblos originarios llevan 64 días consecutivos en resistencia pacífica frente a la sede del MP en exigencia de la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y otros de sus funcionarios.
Analistas advierten que las maniobras continuadas de ese ente investigativo constituyen la punta de lanza del Pacto de Corruptos, que busca impedir la toma de posesión de las autoridades electas el cercano 14 de enero de 2024.
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