El tribunal, totalmente republicano, detuvo anoche la sentencia anunciada apenas unas 30 horas antes que le habría permitido a Katie Cox, de 31 años, interrumpir su gestación de 20 semanas.
La gestante tiene el diagnóstico de una trisomía completa, que es una afección que provoca un aborto espontáneo, muerte fetal o del bebé neonato en las horas, días o semanas posteriores al nacimiento.
Los médicos de Cox advirtieron que llevar su embarazo a término obligará a una cesárea o inducción que resultaría en lesiones graves, pues si se le induce el parto en su caso podría enfrentar una ruptura uterina debido a intervenciones previas y una más también pondría en peligro su futura fertilidad.
«Si bien todavía esperamos que la Corte finalmente rechace la solicitud del estado y lo haga rápidamente, en este caso tememos que la justicia demorada sea justicia denegada», expresó en un comunicado Molly Duane, abogada principal del Centro de Derechos Reproductivos.
“Estamos hablando de atención médica urgente. Kate ya tiene 20 semanas de embarazo. Esta es la razón por la que la gente no debería necesitar rogar por atención médica en un tribunal de justicia”, subrayó.
Para el fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, Cox no cumple con los criterios para una excepción médica a la prohibición del aborto en el estado.
Al propio tiempo, alertó a tres hospitales de Houston que podrían enfrentar consecuencias legales si permitían que el aborto de Cox, a pesar del fallo de la jueza de distrito estatal Maya Guerra Gamble, a quien tildó de ser una “activista”.
Texas -el llamado Estado de la estrella solitaria- prohíbe todo aborto a partir de la fertilización y además tiene una “ley de recompensas”, que retribuye a los ciudadanos privados que demandan a personas que han ayudado a alguien a obtener un aborto.
En estos momentos al menos 22 mujeres se sumaron a una demanda contra el estado de Texas debido a la ley que prohíbe el aborto, por haber puesto en riesgo su salud y vida.
Las excepciones a la prohibición del aborto que señala la ley en el estado por situaciones médicas, resultan demasiado confusas, argumentaron las demandantes en el proceso que cinco féminas iniciaron en marzo pasado.
Desde principios de año, el derecho al procedimiento médico fue prohibido en 14 estados del país. Millones de mujeres en el país sufren un alarmante deterioro del acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva, tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el derecho constitucional al aborto en junio de 2022.
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