Aunque en los últimos días desde el gobierno se ha insistido en que su intervención será ‘minimalista’ limitándose a garantizar el funcionamiento de la Convención Constitucional, no han cesado los reclamos de constituyentes que acusan falta de claridad en una serie de decisiones.
Los roces aumentaron tras la solitud por los constituyentes de los pueblos originarios de la renuncia del secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención, Francisco Encina, a quien acusan de no entender ni atender las solicitudes de los delegados indígenas.
Incluso, no pocos constituyentes afirman que si persiste la negativa de La Moneda a los requerimientos de esas comunidades, algunos de los constituyentes indígenas podrían ausentarse de la inauguración de la Convención, el próximo domingo.
Sin embargo, el subsecretario de la Secretaría general de la Presidencia, Máximo Pávez, se limitó a decir que se ha hecho un ‘trabajo ejemplar’ y que no se justifica la renuncia de Encina aunque más de 80 convencionales lo señalaron por falta de voluntad para cumplir sus compromisos.
Los representantes de los pueblos originarios pedían la presencia de intérpretes de las lenguas indígenas en las sesiones de la convención y que autoridades ancestrales como la machi (consejera) Francisca Linconao, estén acompañadas por sus colaboradores en la ceremonia mapuche que realizará.
Al respecto el constituyente independiente Bastián Labbe opinó que existen dudas sobre la inauguración de la Convención porque ‘no ha existido un canal fluido de comunicación y creemos que esas cosas se deben corregir a la brevedad’.
Añadió que se han recibido respuestas del Gobierno solo por la prensa, sin que exista un espacio abierto al diálogo.
A esto se suma que además Encina justificó la contratación de los servicios de seguridad de la Convención Constitucional a una empresa dirigida por un ex carabinero que integró la guardia presidencial de Pinochet lo cual sentó muy mal en gran parte de los constituyentes.
La desconfianza aumenta porque Encina militante del derechista partido Evópoli, es considerado hombre de confianza del ministro de la secretaría general de la Presidencia, Juan José Ossa, lo que para algunos pudiera dar pie a una intervención tras bambalinas del Gobierno en el funcionamiento de la Convención.
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