Frente al intento de golpe de Estado, organizaciones originarias y colectivos sumados a la resistencia pacífica recorrerán desde el lunes venidero hasta el domingo calles de esta capital para continuar con las protestas.
Las autoridades indígenas, que llevan casi 70 días plantadas contra las acciones del Ministerio Público y en exigencia de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, convocaron a la movilización llamada Posada por la Democracia.
Saldrán desde la sede central de ese ente investigativo rumbo a instituciones del Estado y regresarán con la insistencia en el rechazo a quienes montan casos en busca de descarrilar el proceso comicial.
En respuesta a la sugerencia de anularlo, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, aseveró que los ganadores de los sufragios deben tomar posesión, de lo contrario, “hay rompimiento constitucional”.
No obstante, explicó la magistrada, un fallo de la Corte de Constitucionalidad podría revertir todo el proceso, por lo cual la incertidumbre prevalece y crecen los llamados a respetar la voluntad popular expresada en las urnas.
La Asociación Guatemalteca de Exportadores, por ejemplo, mediante un comunicado exhortó la víspera a los magistrados de ese alto tribunal a actuar en concordancia con la defensa del cambio de mando.
Advirtió que el pueblo está en continua observancia de su actuación, por lo que significó que en sus manos está el futuro del país con una joven democracia que los ciudadanos tienen el deber de fortalecer.
Mientras tanto, el TSE permanece más débil que nunca después que el Congreso quitara la inmunidad a los magistrados Irma Palencia, Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, quienes abandonaron este territorio centroamericano.
Hasta el momento se desconoce si el ente rector de las votaciones planteará algún tipo de recurso legal para la protección de esas cuatro figuras quienes, a juicio de Alfaro, disponen de su total apoyo y respaldo.
En medio de tal escenario, Arévalo anunciaría su Gabinete, integrado por 14 ministros y sus vicetitulares, así como un número similar de funcionarios en secretarías.
Entidades internacionales muestran su preocupación por la persecución judicial, coinciden en deplorar las maniobras del MP y condenan la violación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Solo la ciudadanía activa en la calle y en las redes sociales, según analistas, asegurará que en un mes Guatemala tenga nuevas autoridades y la esperanza de un Ejecutivo alejado de la corrupción.
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