La Junta Estatal de Educación aprobó la semana pasada los lineamientos para las bibliotecas en los mil distritos escolares del sureño estado, anticipándose al plazo del 1 de enero.
El veredicto ocurre después de años de controversia sobre cuáles libros deben estar en las bibliotecas de las escuelas, donde políticos y padres de familias conservadores exigen el retiro de textos que consideran inapropiados. Muchos de los libros censurados tienen tramas de la comunidad LGBTQ o personajes diversos.
De acuerdo con un estudio de la organización protectora de la libertad de expresión en Estados Unidos y el mundo PEN America, Texas retiró más libros de las bibliotecas escolares que cualquier otro estado.
Solo entre julio de 2021 y junio de 2022 fueron eliminados de los estantes alrededor de 800 manuales, muchos de los cuales trataban sobre temas como raza, sexualidad y género.
El representante Jared Patterson, republicano por Frisco, celebró la aprobación de las nuevas normas para hacer a las escuelas cumplir una ley que él defendió este año.
La Ley READER, patrocinada por Patterson, requiere a las compañías que venden libros a las escuelas “clasificar” los títulos para determinar si en ellos hay algún contenido sexual y prohíbe a sus proveedores venderlos a las bibliotecas escolares.
Una coalición de asociaciones y editoriales impugnó la ley con futuro aún incierto, pero que causará el retiro de muchos libros de las escuelas públicas, el veto a muchos más, “y el establecimiento de un régimen estatal de autorización de libros anticonstitucional y sin precedentes”, advirtió la demanda.
En materia de derecho al aborto Texas tiene las políticas más restrictivas del país; en cuanto a la migración, recién promulgaron la Ley SB4 que convierte en delito grave el cruce ilegal de la frontera y da potestad a deportaciones rápidas sin el debido proceso.
Grupos defensores de derechos civiles interpusieron el martes una queja que impugna la constitucionalidad de esta una nueva ordenanza de Texas
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