La decisión en Maine, anunciada el jueves por la secretaria de Estado allí, Shenna Bellows, y en Colorado por su corte suprema la semana pasada, en la que impiden a Trump aparecer en las papeletas para las elecciones primarias, revolvió el avispero, popularmente hablando.
En estos momentos hay impugnaciones aún en curso en muchos otros estados del país, basadas todas en una cláusula poco conocida de una enmienda constitucional promulgada después de la Guerra Civil (1861-1865) que inhabilita a funcionarios del gobierno que “participaron en insurrección o rebelión” para ocupar cargos públicos.
Hasta ahora los tribunales y el Congreso no se preocuparon para aclarar cómo se debe aplicar ese criterio, pero la llegada de Trump al escenario político estadounidense ha marcado pautas ya en cuanto a cosas que ocurren por primera vez.
Sucedió con Trump que por primera vez un ocupante del Despacho Oval no se quiere ir cuando termina su mandato; que instigue (según las acusaciones) a una insurrección para revertir los resultados de una elección; que se siente en un banquillo para ser fichado como un criminal y deba responder por 91 cargos en cuatro juicios pendientes.
Por primera vez, con Trump, un candidato es vetado de una boleta en virtud de una enmienda que pensaban era una página de historia y que ahora le pone una urgencia a la Corte Suprema de Estados Unidos para que intervenga en la disputa, políticamente explosiva, antes de los comicios del próximo 5 de noviembre.
El futuro es incierto, pero la conclusión de Bellows está agitando el coctel. En un país polarizado al límite cualquier cosa puede ocurrir. La secretaria de Estado de Maine denunció intimidaciones después de su decisión. “Estaba preparada para la posibilidad de amenazas, y realmente aprecio a las autoridades y a las personas que me rodean que han apoyado increíblemente mi seguridad”, dijo, citada en medios locales.
Bellows alertó que las comunicaciones amenazantes que recibió “son inaceptables” y reiteró que su fallo no lo tomó a la ligera.
“La Constitución de los Estados Unidos no tolera un ataque a los cimientos de nuestro gobierno, y la ley electoral de Maine exigía que yo actuara en respuesta”.
Bellows dejó claro en el documento que el expresidente “a lo largo de varios meses y que culminó el 6 de enero de 2021, utilizó una narrativa falsa de fraude electoral para inflamar a sus partidarios y dirigirlos al Capitolio para evitar la certificación de las elecciones de 2020 y la transferencia pacífica del poder”.
También los jueces de la Corte Suprema de Colorado recibieron amenazas tras su voto 4-3 para dejar fuera de la papeleta electoral primaria al expresidente.
Miembros del equipo de campaña de Trump, quien pese a todo marcha al frente en las encuestas entre los candidatos de su partido a la nominación republicana en 2024, se hicieron eco de los criterios de su cliente de que se trata de un tema de interferencia electoral que intenta privar a los estadounidenses de votar por él en este caso.
Los jueces en Colorado dijeron que, si su fallo fuera apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos, entonces a Trump se le permitiría permanecer en la boleta electoral hasta que la corte superior diga la última palabra.
La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, notificó que esa orden seguirá vigente el 5 de enero, cuando el estado tenga que certificar las boletas electorales.
El país estará atento a la respuesta a nuevas demandas y lo que ocurriría en un Supremo dominado por una mayoría conservadora que incluye a tres jueces designados por Trump.
De momento las impugnaciones fracasaron en Minnesota y Michigan, donde el exmandatario no será excluido de la boleta de las primarias.
En total quedan en pie alrededor de 12 estados en los que se cuestiona la elegibilidad de Trump y uno de los casos más vigilados es el de Oregón, donde la Corte Suprema debe dar su parecer en los próximos días.
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