Luego de meses de secuestro de la aeronave Boeing de la compañía de Transporte Cargo del Sur (Emtrasur), con las siglas YV 3531, el juez federal argentino Federico Villena adoptó esa medida que el Gobierno bolivariano consideró, a todas luces, «servil a intereses imperiales».
Esta ilegal decisión el Estado argentino se somete a los poderes del imperialismo estadounidense y viola flagrantemente los Convenios sobre Aviación Civil Internacional, de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Carta de Naciones Unidas, dijo en un comunicado la Cancillería.
También violenta el Convenio Bilateral entre Argentina y la República Bolivariana y otros acuerdos relativos a la Navegación Aérea Internacional y derechos humanos, afirmó.
El texto expresó que Venezuela demostró ante todas las instancias jurídicas y políticas internacionales, la “posesión legal y legítima” de la referida aeronave, dedicada al servicio de transporte de insumos de primera necesidad en nuestra región.
La conducta de pillaje, piratería y vasallaje de la Justicia y Gobierno argentinos, transgreden su propia legislación y convierten a dicha nación, en un «grave infractor de la legalidad internacional en materia comercial y aeronáutica”, subrayó.
Alertó a la comunidad internacional y, en especial a los países latinoamericanos, que cualquier medida ilegal que permita el sobrevuelo y apoyo para consumar este robo, será debidamente interpretada como un acto hostil, de soporte al comportamiento vandálico en contra de un país soberano.
A través de un comunicado oficial, Emtrasur exhortó a las autoridades aeronáuticas internacionales hacer cumplir la normativa legal vigente y no otorgar autorización de sobrevuelo ni escala técnica al avión secuestrado en Argentina.
La entidad indicó que “serían partícipe del robo de este bien legítimo” de esta empresa de transporte de carga aérea venezolana.
Indicó que la aeronave, dedicada a la explotación del servicio de transporte de carga y correo, está “debidamente autorizada” por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y el código (AOC ESU-078) asignado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Con esta “decisión arbitraria”, el Gobierno argentino no solo violó los derechos humanos, sino también al debido proceso en el cumplimiento de las regulaciones internacionales, por tratarse de un Estado miembro de la OACI, subrayó.
Emtrasur se reserva el ejercicio de las acciones judiciales por daños al patrimonio de la Empresa, violación de los derechos humanos, y del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, alertó.
La decisión de Villena recibió la condena rotunda de los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
El bloque latinoamericano y caribeño denunció que la “retención ilegal y la orden de decomiso” demuestran que no se guardan ni las formas del servilismo ante el imperialismo estadounidense.
La Alianza se suma nuevamente a la exigencia del pueblo y Gobierno de Venezuela y respalda las acciones legales, diplomáticas y políticas que emprenda el Ejecutivo para asegurar sus activos, apuntó.
Como establece la Constitución cada 5 de enero, la Asamblea Nacional aprobó por mayoría evidente ratificar a la actual Junta Directiva para el nuevo periodo legislativo de 2024-2025.
El jefe del Bloque de la Patria, Diosdado Cabello, hizo la propuesta ante los 277 legisladores, la cual fue acogida con aplausos.
Estoy seguro «es la voluntad de la mayoría de los diputados» de este Parlamento, manifestó, y aseguró recoger el “sentimiento abrumador” de todos los diputados del Bloque de la Patria.
El diputado Jorge Rodríguez fue ratificado como titular del Poder Legislativo; Pedro Infante, primer vicepresidente; y la joven América Pérez, como segunda vicepresidenta.
Un día antes, el presidente Nicolás Maduro se reunión con los 256 diputados del Bloque de la Patria y los llamó a estar «siempre juntos, unidos y basar nuestra unión en una profunda comunicación espiritual, en un profundo amor por nuestra patria”.
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