«Falta la detención de Jair Bolsonaro. Porque él es el arquitecto de todo esto, el líder de todo esto», afirmó el profesor de Ciencia Política de la Pontifica Universidad Católica de Sao Paulo Francisco Fonseca, citado por el portal Brasil de Fato.
Manifestó que el exmilitar «no solo atentó contra la democracia durante todo su período de Gobierno (2019-2022), sino que continúa intentándolo. No creo que pueda ocurrir otra vez», señaló.
El también académico de la Fundación Getulio Vargas refirió que «existen riesgos, pero la sociedad brasileña está mucho más movilizada de lo que estuvo hasta ese momento».
Hace un año, adeptos radicales de Bolsonaro invadieron y depredaron los capitalinos edificios del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, bajo pedidos de intervención militar y en rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Según el docente, «la extrema derecha es golpista y el 8 de enero de 2023 lo demostró. Hubo, sí, un intento de golpe. Jair Bolsonaro trató de dar durante su mandato numerosos golpes, pero el último fue el 8 de enero. Un golpe mal arreglado», estimó.
Por los hechos, el Supremo continúa con los juicios de los involucrados en los episodios antidemocráticos y 30 acusados fueron condenados con penas que varían de tres a 17 años de prisión.
Los sancionados responden por los crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y deterioro del patrimonio derribado.
Al respecto, la catedrática Mayra Goulart, de Ciencias Políticas en la Universidad Federal de Río de Janeiro, aseguró que «las instituciones, aunque muy tarde, lograron transmitir el mensaje” que en esta sociedad existe un compromiso con la democracia y el Estado de Derecho. Y que los intentos de suprimir el Estado de Derecho serán castigados», refirió.
Para Goulart, el excapitán del Ejército ya atentaba contra el Estado Democrático de Derecho mientras ejercía sus mandatos de diputado federal y siguió haciendo eso después de convertirse en presidente, influyendo aún más en los seguidores fanáticos.
El político ultraderechista, quien tiene suspendidos sus derechos políticos durante ocho años (2030) por abuso de poder y uso indebido de medios de comunicación para deslegitimizar el sistema electoral, es investigado por su presunta incitación a los ataques.
La Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación sobre los eventos antidemocráticos acusa de la invasión a los predios públicos a 61 personas, entre ellas a Bolsonaro.
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