En tal sentido se sancionaron las rupturas del secreto telefónico y telemático de al menos ocho miembros sospechosos de formar parte de la trama.
Según el ponente de la junta, Renan Calheiros, son consejeros o exasesores del Palacio Presidencial los responsables de crear y difundir contenidos falsos en Internet.
Centrada en las últimas semanas en el asunto de irregularidades en la compra de fármacos, la CPI avanza, en silencio, en esta línea de indagación que preocupa al Poder Ejecutivo: la identificación y rendición de cuentas de aliados del presidente Jair Bolsonaro.
Estos adeptos habrían difundido fake news (noticias falsas) sobre la pandemia, como desaconsejar el uso de mascarillas e incentivar el tratamiento con medicamentos ineficaces, como la cloroquina.
Hasta ahora, la comisión también solicitó a empresas responsables de redes sociales los contenidos publicados en las cuentas vinculadas al grupo, para evitar que se borren las pruebas.
El objetivo es ubicar quién está detrás de la difusión de noticias falsas y la relación con el Gobierno.
Por el momento, la CPI tiene contra las cuerdas a la administración de Bolsonaro con las recientes denuncias de corrupción en el Ministerio de Salud que involucran la compra de vacunas antiCovid-19.
La pasada semana se presentó en la Cámara de Diputados un denominado superpedido de impeachment (juicio político), en el que se señalan 23 tipos de delitos cometidos por el exmilitar antes y durante la pandemia que cobró hasta la fecha 524 mil 417 muertes y 18 millones 769 mil 808 contaminaciones por el virus.
De acuerdo con el portal Rede Brasil Atual, atrapado, Bolsonaro apostó por la máquina de las fake news para intentar mantener unida su base de seguidores más radical.
Se sospecha que uno de los principales responsables de la oficina del odio sería Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del jefe de Estado y concejal en Río de Janeiro.
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