Grabaciones inéditas fueron conocidas este lunes en un reportaje del portal de noticias UOL y vinculan al gobernante en el esquema de desvío de capital público arreglado hace años por su descendiente.
Las conversaciones implicarían al mandatario en la red de corrupción en la época en que fue diputado federal (entre 1991 y 2018).
En la serie de reportajes de la periodista Juliana Dal Piva, de UOl, aparece primeramente el audio de la excuñada y en el segundo se muestra que un coronel del Ejército, Guilherme dos Santos Hudson, al lado del expolicía Fabrício Queiroz, cobraba los sueldos de los funcionarios.
Marcia Aguiar, esposa de Queiroz, hombre de confianza de la familia Bolsonaro que recopilaba parte de los salarios de los asesores, llama en el tercer audio al presidente de 01 y lo señala como jefe del esquema para robar el dinero de los empleados de las oficinas del clan.
Tales declaraciones indican que el exmilitar participó directamente en la rachadinha: nombre popular en Brasil de una práctica que configura el delito de malversación (uso indebido de dinero público).
El primer informe muestra que el miembro de la familia que no quería devolver el valor combinado del salario fue retirado del régimen.
La fisicoculturista Andrea Siqueira Valle, excuñada del presidente, afirma que Bolsonaro padre despidió a su hermano porque se negó a devolver la mayor parte del sueldo como ayudante.
‘André dio muchos problemas porque nunca devolvió el dinero justo, ¿entiendes? Tenía que reembolsar seis mil reales (unos mil dólares), pero devolvió dos mil (400 dólares), tres mil (600 dólares). Pasó mucho tiempo hasta que Jair lo tomó y dijo: Basta. Puedes sacarlo porque nunca me devuelve el dinero justo’, afirma la mujer en un audio.
El caso salió a la luz a finales de 2018, después que el organismo de control de movimientos financieros (COAF) descubriera giros atípicos millonarios entre 2016 y 2017 en una cuenta bancaria de Queiroz.
La Fiscalía procura aclarar si el entonces diputado Flávio Bolsonaro contrataba a amigos o familiares como asesores para después exigirles que depositaran en sus cuentas parte de su mensualidad (rachadinha).
El senador testificó en julio de 2020 ante el Ministerio Público de Río. Según autoridades, el contenido de la audiencia es secreto y está bajo la más estricta confidencialidad.
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