Una nota de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia detalló que la adhesión de este nuevo cuestionario tiene vital importancia ya que amplía el campo de acción del Ejecutivo en los ejes de seguridad, producción y economía y, al mismo tiempo, recoge las peticiones y demandas de la ciudadanía y colectivos de la sociedad civil.
En la nueva propuesta para la consulta popular los ecuatorianos deben responder si están de acuerdo con permitir la extradición de sus conciudadanos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución.
Asimismo, el cuestionario recoge cuestiones como declarar territorios de interés nacional a aquellas zonas donde se aplique la minería ilegal para detener esa actividad.
De igual forma, el gobierno consultará para conceder indultos durante la sustanciación de las causas penales a los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas o del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria a quienes se haya imputado un delito relacionado con el uso de la fuerza en contra de sospechosos de delitos.
Según el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, con este nuevo cuestionario se recoge el «clamor ciudadano» y los aportes hechos en estos días por académicos, grupos sociales y políticos que criticaron el primer pliego de preguntas.
Ese primer paquete acumuló calificativos como errático e innecesario, pues abarca asuntos que pueden tratarse en la Asamblea Nacional (parlamento) sin necesidad de realizar el proceso consultivo, el cual costaría alrededor de 60 millones de dólares.
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