El ente investigativo, mediante la Fiscalía de Delitos Administrativos, en conjunto con la Policía Nacional Civil, allanó la vivienda del exfuncionario y lo trasladó a la Torre de Tribunales para ponerlo a disposición de un juzgado.
A Barrientos señalan el delito de incumplimiento de deberes y desobediencia debido a que supuestamente descartó el retiro de los manifestantes que permanecían frente al ingreso de la sede central del MP.
“En su calidad de ministro de Gobernación omitió actos propios de su función relacionados a cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público”, subrayó la Fiscalía.
Incluyó la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, y en especial la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales.
El titular asumió esa cartera en enero de 2022 y renunció a su cargo el 16 de octubre último, en medio de la crisis política a partir de una serie de protestas ciudadanas y bloqueos de carreteras en defensa de la democracia.
Antes de que tomara la decisión de la renuncia, la jefa del MP, Consuelo Porras, solicitó ante la Corte de Constitucionalidad su destitución, pues remarcó que desobedeció los fallos sobre la protección de su institución.
“Hay que enfrentar las consecuencias de haber ejercido un cargo público”, declaró Barrientos a la prensa local a su llegada a tribunales y afirmó desconocer detalles de las imputaciones.
Si hubiéramos actuado con violencia, hubiéramos quizá incendiado al país en un marco de violencia que hubiera sido imparable. Así que la policía fue muy prudente, acotó.
Calificó la situación de triste, pero reconoció que es “un soldado”, por lo cual está acostumbrado al trato fuerte.
El MP, considerado un instrumento del Pacto de Corruptos, emprendió acciones investigativas contra el Tribunal Supremo Electoral, el proceso comicial y el partido Movimiento Semilla, ganador de los sufragios del 20 de agosto pasado.
Autoridades originarias iniciaron las protestas para garantizar el respeto a la voluntad popular expresada a través del voto y en exigencia de la renuncia de Porras y varios de sus funcionarios, acusados de promover un golpe de Estado.
Analistas consideraron un paso histórico el hecho de que se unieran distintos sectores en un solo pensamiento y una sola voz para rescatar la nación.
Las comunidades ancestrales llevan más de 100 días consecutivos apostados frente al MP con el mismo reclamo y en aras de que el presidente electo, Bernardo Arévalo, asuma la silla presidencial como previsto el próximo día 14.
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