El equipo de la ONU en la nación sudamericana, encabezado por la coordinadora residente Lena Savelli, ofreció en un reciente encuentro con dirigentes ecuatorianos aumentar el respaldo ante la oleada de violencia que mantiene las cárceles en manos de grupos del crimen organizado y más de 170 secuestrados.
Como parte de la respuesta, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) ayuda en la recopilación de datos y el seguimiento de la dinámica de los cultivos ilícitos, al tiempo que brinda asistencia técnica para la próxima Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado.
Por su parte, ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y Unodc colaboran con las autoridades para fortalecer las capacidades institucionales, con financiamiento del Fondo para la Consolidación de la Paz de la ONU, aseguró el portavoz en rueda de prensa.
Este viernes, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a que cualquier medida de emergencia para abordar la violencia en Ecuador sea “proporcionada y limitada a lo requerido por la situación de seguridad”.
“Cualquier restricción debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación”, recalcó en un comunicado.
Türk especificó que las facultades otorgadas a las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública deben ser excepcionales, limitadas en el tiempo y subordinadas ante las autoridades civiles, a quienes se debe rendir cuentas.
“Todas las operaciones de las fuerzas de seguridad deben basarse en el principio de no discriminación y alinearse con el derecho internacional. Esto también es crucial para mantener la confianza pública y la cohesión social durante dichas operaciones”, añadió el alto comisionado.
Asimismo, recordó que los derechos humanos deben estar en el centro de todas las políticas para detener la violencia. Esto incluye abordar las causas estructurales y su origen.
Esta semana, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador, y llamó a intensificar la guerra contra las bandas delictivas.
En su último reporte, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad aseguró que continúan trabajando junto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para la liberación y cuidado de la integridad de los servidores penitenciarios.
Más de 22 mil uniformados realizan patrullajes y requisas en las calles en busca de integrantes de organizaciones delincuenciales, ahora catalogadas como terroristas y responsables de la ola de violencia en el país.
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