El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (parlamento), Pedro Infante, lideró la reunión en el salón Manuelita Sáez, en la sede del Poder Legislativo.
Este grupo de trabajo surgió la semana pasada a propuesta del titular del parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, y quedó integrado por 14 diputados de las bancadas del oficialismo y de la oposición.
Rodríguez reflexionó en la sesión ordinaria del pasado jueves sobre el tema y planteó la necesidad de que “todo hay que hablarlo con absoluta claridad”.
No se puede prender una vela a un santo y a otro, y no se puede lanzar un tiro para el gobierno y otro para la oposición, apuntó.
Afirmó que los delitos “ya están claramente establecidos y son públicos y notorios”, y lo que queremos saber son los nombres, los apellidos, las cédulas de identidad, y el lugar de residencia de cada uno de estos que perpetraron el delito.
Se refirió a las acciones delincuenciales, felonas y apátridas de quienes utilizaron el recinto y las prerrogativas que proporciona el Parlamento nacional “para robar a un pueblo entero”, bienes que pertenecen a la nación y al mismo tiempo enriquecerse a su costa.
El líder parlamentario recordó que en este momento hay una delincuente que está refugiada en España (Dinorah Figuera) y usufructa los recursos de las ganancias de la empresa Citgo para mantener su partido y financiar las campañas políticas del Partido Primero Justicia.
No se puede ser directivo de esa organización y utilizar los recursos de Citgo y después aspirar hacer un partido “completamente impoluto” para participar en unas elecciones de cualquier índole en Venezuela, señaló.
De dónde sacarían el dinero para participar en la campaña electoral, de la empresa Citgo, afirmó.
Recordó lo que hicieron esos ladrones en la legislatura del año 2019 al 2020 de manera descarada y brutal: le “metieron mano” a los recursos de Venezuela, acotó.
En ese sentido, apuntó que la actual Asamblea Nacional aprobó el pasado año la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Bienes Venezolanos en el Exterior, que protegen al país de las felonías.
Enfatizó que en su opinión ambas leyes pueden aplicarse para investigar de dónde provienen los recursos con los que se financian partidos políticos de derecha en el país en los actuales momentos.
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