La sesión de Asamblea Extraordinaria aconteció de manera virtual, a través de la Plataforma Zoom, e incluyó a otros diputados titulares y suplentes de la Bancada de este país para el período 2024-2028.
El organismo legislativo regional confirmó que antes recibieron una detallada información sobre el funcionamiento del sistema que utilizarán en el ejercicio del nuevo cargo.
Los estatutos del Parlacen (Artículo 2 del Tratado Consultivo) dejan la puerta abierta automática para la entrada de estas duplas de exmandatario y vice luego de su administración y hasta el siguiente cambio de Gobierno.
El propio Giammattei mediante una carta solicitó modificar la fecha de su juramentación, debido a que en la primera programada para darle posesión a la Bancada Guatemala, él se encontraría entregando su cargo.
Sin embargo, nunca llegó al Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias a la ceremonia de transición de mando con la presencia de delegaciones internacionales y se limitó a enviar las insignias al Congreso para que le fueran impuestas al presidente Bernardo Arévalo.
El exjefe de Estado se despidió de la peor manera, con una baja aprobación popular después de cuatro años marcados por acusaciones de corrupción, pero ahora goza de inmunidad hasta 2028 por el Parlacen.
Durante el pasado gobierno más de 30 funcionarios locales relacionados con el derecho decidieron exiliarse, también periodistas, y denunciaron una persecución política.
Desde octubre último, su administración entró en una crisis profunda debido a maniobras del Ministerio Público que diferentes personalidades denunciaron como un golpe de Estado contra Arévalo.
Castillo, quien sí acudió al acto protocolar de entrega de la banda presidencial, enfrenta un proceso de antejuicio en el Congreso, por una contratación supuestamente irregular en 2020.
El Parlacen, con sede en Guatemala, fundado el 14 de enero de 1986 y consagrado a la unidad de las naciones de la región en temas económicos, sociales y migratorios, forma parte del Sistema de Integración Centroamericana.
Analistas advirtieron que generó polémica en las campañas rumbo a los sufragios pasados en este país centroamericano, como en anteriores, «porque partidos y población reclaman mayores resultados de sus estrategias».
Las decisiones del Parlacen no son vinculantes y le cuesta al Estado de este territorio centroamericano cerca de 13 millones de quetzales anuales (1,7 millones de dólares), alegaron, entre otras.
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