La sentencia contra Kenneth Eugene Smith, declarado culpable de asesinato en 1988, que prevé su ejecución con un método no probado podría equivaler a tortura según el derecho internacional, aseguró la portavoz Ravina Shamdasani.
«La Oficina de Derechos Humanos de la ONU pide a las autoridades del estado de Alabama que detengan la ejecución de Smith, prevista para el 25 y 26 de enero, y que se abstengan de tomar medidas de este tipo para realizar otras ejecuciones», aseveró la vocera en declaraciones a la prensa desde Ginebra.
La alerta coincide con el reciente llamado de cinco expertos independientes de Naciones Unidas que calificaron de cruel, inhumana o degradante la posible ejecución mediante hipoxia.
El castigo provocaría una muerte dolorosa y humillante, aseguró un comunicado firmado por el relator sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz; sobre tortura y otros tratos crueles o degradantes, Alice Jill Edwards; sobre el derecho a la salud física y mental, Tlaeng Mofokeng; y sobre la independencia de los jueces y abogados, Margaret Satterthwaite.
Los expertos recordaron que los tratos que causan dolor o sufrimiento severo, más allá de los daños inherentes a las sanciones legales, violan la Convención contra la Tortura de la que Estados Unidos es parte, recordaron.
La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, por su parte, consideró como un agravante que el estado no prevea la sedación antes del castigo.
El protocolo de ejecución de Alabama también se refiere a que el gas se administre durante un máximo de 15 minutos, sin embargo, las pruebas periciales aseguran que la ejecución por hipoxia, en su caso, conlleva un riesgo de dolor y sufrimiento especial, dijo.
A juicio del máximo órgano de derechos humanos de Naciones Unidas, la pena de muerte es incompatible con el derecho fundamental a la vida ya que no existen pruebas de que disuada la delincuencia mientras crea un riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes.
“En lugar de inventar nuevas formas para implementar la pena capital, instamos a todos los Estados a establecer una moratoria sobre su uso, como un paso hacia la abolición universal”, dijo la portavoz.
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