¡Fuera de la Constitución, nada!, señala el texto que rechaza un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y un paquete de leyes presentados por el mandatario, los cuales disponen la declaración de emergencia hasta 2025, otorgan poderes legislativos al Ejecutivo, eliminan o reforman más de 300 normativas y establecen la privatización de empresas públicas, entre otras acciones.
El mensaje fue rubricado por senadores, diputados, exministros, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la presidenta de la agencia Télam, Bernarda Llorente, y el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado en esta capital, Daniel Catalano.
También lo firmaron actores, investigadores, representantes de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), la CTA Autónoma, el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa, entre otras organizaciones.
En su primer mes de mandato, el gobierno impuso arbitrariamente tres medidas que atentan contra el pueblo: una megadevaluación del 118 por ciento; un DNU que impone ilegal e ilegítimamente reformas de naturaleza legislativa en función de los intereses de un conjunto de corporaciones y un protocolo autoritario de restricción de la libertad de reunión, asociación y manifestación, señala el documento.
El poder ejecutivo pretende aprobar un proyecto de ley de casi mil artículos que encubren una reforma constitucional de facto y el objetivo de mejorar el lucro de las corporaciones, los organismos internacionales de crédito y el uno por ciento más rico de la sociedad, añade.
Asimismo, advierte que la aprobación de lo anterior sería la culminación de un desguace del Estado social de derecho.
Como parte de una estrategia perversa, el debate que se produce en el Congreso en torno a esa “mega-ley” deja relegada la discusión sobre el DNU y las consecuencias de la brutal devaluación. El decreto ya entró en vigor, la devaluación ya produce estragos. Ambos crean efectos jurídicos que dañan al país en el corto, mediano y largo plazo, apunta.
Manifestamos la necesidad de rechazar integralmente este plan destructivo. (…) El Presidente debe gobernar de acuerdo a las atribuciones que le da la Constitución que prohíbe taxativamente conceder al Ejecutivo “facultades extraordinarias, ni la suma del poder público”, indica.
Además, explica que el artículo 29 de la Carta Magna califica como traidores de la patria a quienes formulen o consientan semejante delegación de poderes.
Creemos en una Argentina justa, soberana, independiente, plural, democrática y humana. Nos oponemos tajantemente a este atropello contra el pueblo y con la Constitución en la mano lucharemos para evitarlo, comenzando con la participación activa en la jornada nacional de protesta el día 24, concluye.
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