Según el estudio de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la crisis política y económica, pandemia y desastres naturales contribuyeron a empeorar la situación para los más vulnerables.
El texto alertó que el número de personas necesitadas aumentó un 79 por ciento con respecto a febrero de 2020, cuando 2,6 millones de personas necesitaron de asistencia.
Desde 2018 las conmociones políticas extremas afectaron negativamente la fragilidad y resiliencia de la población, a lo que se sumó el azote de la Covid-19 y los efectos de eventos naturales como la tormenta tropical Laura, que el pasado año dejó una treintena de muertes.
La OCHA señaló también el impacto de la inseguridad, aumento de secuestros y enfrentamientos de bandas armadas que provocaron la muerte de civiles, incendio de viviendas y el desplazamiento de la población.
En este sentido, advirtió que se deterioró la situación de 500 familias desplazadas en agosto pasado tras la violencia de las pandillas, aunque sugirió que la normalidad regresa lentamente, y hay indicios de que reabran escuelas, si el clima de seguridad lo permite.
Por su parte, la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria, indicó a inicios de febrero que al menos un 42 por ciento de los 11,4 millones de habitantes precisa de asistencia, y de ellos 905 mil 471 se encuentran en fase de emergencia.
Según la instancia, para junio de este año más de 1,1 millones de personas requerirán de ayuda urgente y el 33 por ciento de la población estará en crisis.
Todo ello en medio de la agudización de los disturbios sociopolíticos por la duración del mandato presidencial, y el indicio del aumento de las manifestaciones antigubernamentales.
Una amplia franja de la oposición y organizaciones sociales estiman que el periodo presidencial de Jovenel Moïse concluyó el 7 de febrero, según la Constitución vigente, mientras el gobernante tiene una interpretación opuesta de la carta magna y asegura mantener su puesto hasta 2022.
En pleno enfrentamiento el gobierno apresó a una veintena de personas presuntamente implicadas en un intento de golpe de Estado y jubiló a tres jueces ‘inamovibles’ del Tribunal de Casación, la mayor instancia judicial del país.
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