Círculos judiciales confirmaron que, además de estos imputados, el STF reanudará el juicio, a partir de febrero, de otras 29 acciones penales.
Desde septiembre, cuando comenzó a juzgar los casos, la corte condenó a 30 personas inculpadas de participar en los episódicos antidemocráticos.
Y, en diciembre, el Supremo ordenó la ejecución de la primera pena, la del condenado Matheus Lima de Carvalho Lázaro, juzgado en septiembre. En su caso, no hay más recursos.
En total, mil 345 demandas fueron abiertas y existen otras mil 113 acciones penales suspendidas para evaluación de acuerdos de no persecución penal.
Según las fuentes, el análisis de las otras acciones penales contra acusados por su implicación en la invasión y saqueo en la capitalina Explanada de los Ministerios debe continuar a lo largo del año.
Entre los agentes públicos, fueron denunciados en agosto integrantes de la jefatura de la Policía Militar del Distrito Federal (PM-DF).
De acuerdo con el Ministerio Público Federal (MPF), ellos sabían «anticipadamente de los riesgos de atentados a los Poderes de la República el 8 de enero de 2023».
En diciembre, la corte superior recibió la primera acusación de la Procuraduría General de la República contra un integrante del grupo de financiadores que habría suministrado ayuda material al grupo que invadió los edificios públicos en Brasilia.
Para el MPF, hay pruebas de que el hombre habría fletado cuatro autobuses para el transporte de personas a la capital federal.
Además de financiar los desplazamientos, el acusado habría organizado y movilizado a las personas que practicaron los actos.
Las denuncias contra el supuesto financiador y el mando de la PM-DF aún serán juzgadas por el Supremo.
Si la mayoría de los ministros dan su aprobación para la admisibilidad, los involucrados se convertirán en acusados y responderán a los procesos en el tribunal. Si consideran que no hay elementos suficientes, los casos serán archivados.
Los incriminados por la Fiscalía responden por crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y deterioro del patrimonio derribado.
Bajo gritos de intervención militar y de rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) invadieron y depredaron el 8 de enero de 2023 las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
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