La iniciativa del Gobierno busca eliminar el monopolio de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y crear un sistema mixto que permita aumentar los retiros, 72 por ciento de los cuales son inferiores al salario mínimo y la cuarta parte están por debajo de la línea de pobreza.
Entre los puntos relevantes del proyecto que fueron adoptados en la cámara baja figura el aumento hasta los 250 mil pesos (unos 294 dólares) de la Pensión Garantizada Universal, un beneficio otorgado por el Estado para las personas de 65 años o más.
Sin embargo, la sala rechazó la creación de un Inversor de Pensiones del Estado y la idea de distribuir el seis por ciento adicional que deben aportar los patronos al fondo de jubilaciones.
El Ejecutivo cedió y aceptó la fórmula de destinar la mitad de ese dinero a las cuentas particulares de los trabajadores y el resto a un mecanismo de solidaridad para incrementar cuanto antes los retiros más precarios.
A pesar de ello, la derecha insiste en que esos fondos vayan a las cuentas de los asalariados y lo continúen manejando las AFP, que durante años lucraron con los ahorros de los trabajadores y entregaron míseras pensiones.
“Esta no es la reforma que a nosotros nos hubiese gustado, pero es la reforma que con una mayoría puede hacer que las pensiones suban”, dijo la ministra de Trabajo, Jeannette Jara.
Mientras el titular de Hacienda, Mario Marcel, valoró el avance de la iniciativa y dijo esperar que la discusión en el Senado sea más “sensata, sustantiva y convergente, porque eso espera el país”.
El debate aún es largo y tortuoso en el Congreso Nacional, donde los partidos del oficialismo no tienen mayoría.
La iniciativa será revisada por las comisiones de Trabajo y Hacienda de la cámara alta antes de ser sometida a votación en el plenario y, si se aprueba, volverá a la cámara de diputados para un tercer trámite.
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