En el laudo, De Moraes justifica la determinación sobre la base de la necesidad, señalado por la Policía Federal, de tener más tiempo para la realización de las diligencias que todavía están pendientes.
El magistrado argumentó que adoptó el dictamen «en virtud de la presencia de fuertes indicios y significativas pruebas apuntando a la existencia de una verdadera organización criminal».
Tal estructura, agregó, de fuerte actuación digital y núcleos de producción, publicación, financiamiento y absolutamente semejantes a aquellos identificados, «con la clara finalidad de atentar contra la democracia y el Estado de Derecho».
Según analistas, las milicias digitales son grupos compuestos por personas y perfiles inexistentes, creados para difundir informaciones falsas y diseminar mentiras a favor de un partido político, ideologías y cuestiones sociales.
De Moraes autorizó, en octubre, compartir el informe final de la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) de los actos golpistas del 8 de enero de 2023 y de todas sus pruebas con las pesquisas sobre las milicias digitales.
Tal documento marcó el final de los trabajos de la CPMI y acusó a 61 personas, entre ellas, el exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022).
Contiene mil 300 páginas, archivos digitales, incluyendo imágenes, videos y varios pliegos que respaldan las acusaciones.
El contenido demanda que Bolsonaro sea acusado de los delitos de asociación criminal, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, de deponer gobierno legítimamente constituido y el empleo de medidas para impedir el libre ejercicio de derechos políticos.
«La democracia fue atacada. Las masas fueron manipuladas con discursos de odio. Milicianos digitales fueron empleados para diseminar el miedo, descalificar adversarios y promover ataques al sistema electoral», denunció la senadora Eliziane Gama durante la lectura del informe.
Aseguró que «se intentó corromper, obstruir y anular las elecciones. Y usan la libertad de expresión para ahogar la expresión».
La comunicación reafirmó que el político ultraderechista resulta «el autor intelectual y moral» de los ataques perpetrados contra instituciones el 8 de enero de 2023, fecha marcada en negro en la historia nacional.
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, grupos extremistas partidarios de Bolsonaro invadieron y depredaron las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el STF y la Presidencia.
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