A la acusación agregará que se le finque responsabilidad administrativa por emitir un voto de calidad que no correspondía, en un juicio de amparo presentado por empresarios extranjeros.
Gracias a Pérez Dayán, y con solo dos votos se declaró inconstitucional una reforma de la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en el Congreso en 2021.
Dicha ley, en ejecución hace casi tres años, concede una participación del 54 por ciento a la estatal Comisión Federal de Energía en la comercialización y distribución eléctrica, y a los privados el 46, y así fue aprobada por el legislativo y la Suprema Corte, después que los diputados rechazaran el recurso de inconstitucionalidad presentada por la oposición.
El coordinador de los diputados del partido oficialista Ignacio Mier, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, y los vicecoordinadores Aleyda Alavez y Leonel Godoy, también presentarán al mismo tiempo reformas a la leyes del Poder Judicial y de Amparo.
Mier expuso en su argumentación que el Poder Judicial incurrió en una violación de su propia ley, y eso pone de manifiesto una actuación sectaria, con premeditación, en contra de una ley aprobada en la Cámara de Diputados y declarada constitucional por la Corte.
Por su parte Robledo, morenista y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, sostuvo que se trata de una violación del procedimiento de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial por los mismos ministros de la Corte y también hay responsabilidad administrativa y política.
Explicó que la ley establece otro procedimiento antes de ejercer el voto de calidad que mal usó el presidente de la sala, pues ante un empate a dos votos debieron haber llamado a otro ministro para que intentara un nuevo proyecto de sentencia que conciliara las argumentaciones contradictorias.
Si continuara el empate, entonces sí podría el ministro ejercer su voto de calidad. Pero no hicieron eso y violaron su propia ley, ratificó el especialista.
La Constitución deja claro que los ministros y otras autoridades importantes de la Federación mexicana son responsables, políticamente, por violar la Carta Magna o alguna ley fundamental o federal. Es el caso.
Vamos a analizar esto y pronto haremos el planteamiento que corresponda, es decir, también responsabilidad administrativa.
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