Entendemos que las formas de la deliberación, la manifestación pública, la labor periodística y la restricción de la violencia estatal, son condiciones necesarias para una convivencia social y política, señala el texto firmado por agrupaciones como la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y la Red de Abogacía Comunitaria.
Durante la semana que recién concluyó, integrantes de organizaciones sociales y sindicales se congregaron en los alrededores del Congreso para rechazar un paquete de leyes debatido por la Cámara de Diputados.
El mismo dispone la privatización de empresas públicas, el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo y la declaración de un período de emergencia, entre otras acciones.
La Policía Federal, la motorizada, la Gendarmería y la Prefectura arremetieron contra los manifestantes con bastones, gases lacrimógenos, carros hidrantes y balas de gomas.
Más de 20 personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas, entre ellas 30 profesionales de la prensa.
El operativo desplegado fue violento y desmesurado, por fuera de la normativa vigente. Fue organizado por el Ministerio de Seguridad con un despliegue desmedido de fuerzas, indica el comunicado.
En una regresión histórica, hubo policías con armas de fuego, algo que se evitó en todos los gobiernos desde hace más de 20 años. Intimidaron a personas mayores, dejaron una treintena de periodistas con heridas de diversa gravedad, atacaron a defensores de derechos humanos y a manifestantes de distintos sectores políticos, añade.
Las agrupaciones condenaron las acciones contra la libertad de expresión y aseveraron que “dentro del Congreso, se transgrede el reglamento pues transcurren las jornadas de debate sobre un dictamen que no se conoce, que se está escribiendo por fuera de las comisiones a medida que avanzan las sesiones”.
Estas irregularidades deterioran la institucionalidad. Además, las facultades delegadas que solicita el Poder Ejecutivo podrían impactar en una parálisis legislativa y en márgenes ampliados de arbitrariedad, apuntaron.
Asimismo, convocaron a “los partidos políticos, autoridades con responsabilidades públicas y a los sectores de la comunidad, a hacer un llamado urgente a respetar los derechos y por una convivencia democrática, en términos institucionales adecuados y sin represión”.
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