Inaugurada el 8 de enero pasado por el presidente de la corte superior, ministro Luís Roberto Barroso, la muestra tiene como principal objetivo preservar la remembranza institucional del STF y de los episodios antidemocráticos en esta capital.
Abierto al público para visitas al día siguiente (9 de enero), la exposición recibió más de 300 personas.
Según la oficina de prensa del Supremo, el visitante podrá ver escenas que simbolizan la resistencia del juzgado para reconstruir el plenario con marcas de vandalismo.
Asimismo, retomar las actividades normales para la sesión solemne de apertura del año judicial de 2023, menos de un mes después de los atentados.
En la muestra están representados todos los esfuerzos de los equipos involucrados en la reconstrucción y restauración del patrimonio del STF.
También la exposición trae el proyecto Puntos de Memoria, implementado poco después de los eventos golpistas y que exhibe piezas dañadas, fragmentos derivados de la violencia y demás vestigios físicos del ataque, instalados en lugares de mayor circulación de personas.
Después de estas dos jornadas de visitas, hubo una anterior el 2 de febrero, la presentación será llevada al Museo del STF para otro período de apertura al público, en fecha aún no marcada.
Bajo gritos de intervención militar y de rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) invadieron y depredaron el 8 de enero de 2023 las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo. El Supremo juzgará hasta abril, en 10 sesiones virtuales, a 146 acusados por los actos golpistas.
Además de estos imputados, el juzgado reanudó el juicio, a partir de este mes, de otras 29 acciones penales.
Desde septiembre, cuando comenzó a juzgar los casos, la corte condenó a 30 personas inculpadas de participar en las acometidas antidemocráticas.
En total, mil 345 demandas fueron abiertas y existen otras mil 113 acciones penales suspendidas para evaluación de acuerdos de no persecución penal.
A lo largo del año debe seguir el análisis de otras gestiones punitivas contra acusados por su implicación en la embestida violenta y saqueo en la capitalina Explanada de los Ministerios.
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