Participaron en el cónclave realizado la víspera representantes de 30 estados mexicanos, incluida la Ciudad de México, quienes discutieron el tema “Acción regional por las personas defensoras ambientales en el contexto del Acuerdo de Escazú: una visión desde lo local”.
Dicho acuerdo fue adoptado por 24 países en la ciudad de Escazú en marzo de 2018, concebido como un instrumento vinculante emanado de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012, el cual reconoce que el mejor modo de abordar las cuestiones ambientales es con la participación de todas las personas. Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en esos asuntos, así como la cooperación para hacer viable el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano.
Según el comunicado distribuido por la cancillería mexicana, el encuentro fue presidido por la directora general para Temas Globales, Camila Zepeda Lizama, el director general de Derechos Humanos y Democracia, Roberto de León, y el representante residente en México del PNUD, Lorenzo Jiménez.
Señala que el propósito del evento fue revisar el borrador del “Plan de Acción Regional sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, intercambiar experiencias, buenas prácticas y perspectivas sobre el trabajo que las referidas instancias locales realizan.
Como resultado del trabajo conjunto, se elaboró un documento que será compartido con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en su carácter de Secretariado del Acuerdo de Escazú, como contribución del gobierno de México para la consolidación del plan de acción que será adoptado durante la III Conferencia de las Partes a celebrarse en Santiago, Chile, en abril próximo.
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