La cantidad requerida para instituir la propuesta fue alcanzada en la tarde de este miércoles, luego del inicio de la convocatoria el viernes, día a partir del cual los simpatizantes del texto acumularon ocho mil rúbricas en solo 24 horas.
“Hay que cerrar todas las puertas al nepotismo”, afirman los defensores de la iniciativa, el exviceministro de Educación, Robert Cano; la excandidata a diputada Estefanía Careaga; la excandidata a vicepresidenta Soledad Núñez; el exsenador Raúl Ayala y la activista María Esther Roa.
La nueva propuesta, que impone hasta cinco años de prisión para los nepotistas y cuyo texto debe ingresar en la Cámara de Diputados o en la Senadores, compite junto a otro concebido por el senador Basilio Bachi, cuyo debate en el Congreso está previsto para el 15 de febrero, aunque es cuestionado por algunos sectores.
La normativa popular contra esas prácticas ilegales podría remplazar a la vigente Ley 5295, considerada la víspera por el periódico Última Hora como “una letra muerta y con varias lagunas”.
Ninguno de los políticos que incurrieron en esa irregularidad durante los últimos 10 años fue sancionado desde la promulgación en 2014 de esa actual legislación, añadió el diario, que la considera inoperante y remite en su lugar a la sugerida por “Chau nepotismo”.
La publicación asegura que ese nuevo proyecto modifica el presente texto con la eliminación de sus vacíos legales “y condena los hechos fehacientemente comprobados”.
Los escandalosos salarios y la «repartija» de cargos para parientes de legisladores y de otras autoridades –comenta el periódico- trajeron de nuevo al tapete el tradicional nepotismo dentro de la función pública, uno de los ejes históricos de la corrupción sistémica que afecta a Paraguay”.
Según la publicación, la presente Ley 5295 considera que existe ese delito cuando alguien facultado nombra en cargos públicos a cónyuges o parientes, “pero la artimaña de las autoridades que incurren en ese delito es usar a un correligionario para firmar los contratos”.
Legisladores y altos funcionarios se escudan en ese mecanismo para ocultar que fueron ellos quienes contrataron de forma directa a sus familiares, puntualiza el diario Última Hora.
El actual escándalo por nepotismo estalló a fines de 2023 con los casos del hijo del presidente del Congreso, Silvio Ovelar, y el del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, “contratados en situación de privilegio”, de acuerdo con Última Hora.
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