Tras más de un mes de acciones contra el crimen organizado, el Gobierno informó que el número de detenidos asciende a siete mil 528, de ellos 241 aprehendidos por presunto terrorismo.
De igual manera, durante los operativos las fuerzas del orden incautaron 49 mil 264 kilogramos de drogas, dos mil 312 armas de fuego, 158 mil municiones, 12 mil explosivos y 185 mil 943 dólares.
En esas acciones ejecutadas tanto en cárceles como en las calles, las fuerzas de seguridad abatieron a ocho personas, que identificaron como terroristas, y fallecieron dos agentes de la Policía.
En ese contexto un juez ordenó a la Defensoría del Pueblo investigar supuestas acciones de tortura por parte de militares en varias prisiones donde se encuentran los militares para poner fin a la serie de motines en los centros penitenciarios.
El magistrado Manuel Peña, de Guayaquil, ordenó “dar seguimiento al estado de salud mental de las personas detenidas” y pidió a la Defensoría del Pueblo investigar en un plazo de 45 días las denuncias de supuestos “actos de tortura que han existido en las cárceles del Ecuador”.
Esta nación sudamericana atraviesa por un estado de excepción y un conflicto armado interno, declarado por el presidente Noboa el pasado 9 de enero ante una oleada de atentados y acciones violentas atribuidas al crimen organizado.
Las mismas incluyeron el secuestro de policías, alertas de explosiones, vehículos incendiados, motines simultáneos en cárceles con unos 200 rehenes que lograron ser liberados.
Al decretar el conflicto armado interno, el Gobierno identificó 22 grupos del crimen organizado transnacional y los catalogó como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.
De esa forma, el mandatario abrió una puerta legal para que militares y policías actúen con todos sus recursos para neutralizarlos.
Ecuador es considerado uno de los países más violentos del mundo, con 45 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes en 2023.
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