“Acompañados por mis colegas de la oposición, con quienes más que nunca estaremos unidos y asesorados por un equipo jurídico, analizaremos y veremos si conviene recurrir a esa instancia y, si es así, lo haremos”, declaró González, citada por la televisora.
La hasta ayer miembro del Senado, quien alega desconocer el libelo acusatorio del proceso en su contra y verse impedida de ejercer su derecho a defenderse, afirmó que también podría acudir a otras vías internacionales, “pero –subrayó- este precedente no vamos a dejar que se consolide”.
González recordó los más de 100 mil electores que sufragaron por ella como senadora en las elecciones generales de abril, “votos que –enfatizó- fueron ahora pisoteados y señalados de una manera vil y cobarde, demostrando la debilidad del Gobierno”.
La abogada y exparlamentaria por el Partido Encuentro Nacional (PEN) explicó que la CSJ es la instancia “que tiene la última palabra para determinar cuál es la interpretación constitucional en esta situación”.
Según la exlegisladora, eso era «lo establecido por el reglamento que estaba vigente hasta ahora y habría que atacar por inconstitucional o derogarlo para interpretar nuevamente cuáles eran las mayorías requeridas para el juicio de pérdida de investidura, del modo en que lo aplicó el Legislativo».
Senadores de la gubernamental Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR-PT) y su facción Honor Colorado (HC), junto a aliados de otras formaciones, aprobaron la expulsión de González con 23 votos a favor. Los legisladores contrarios a su colega opositora presentaron de manera formal una solicitud, ya anunciada antes, de retirarle la investidura en la Cámara Alta, precisó el diario HOY.
El secretario de la Comisión Permanente de esa instancia, Christian Gadea, entregó a su presidente, Colym Soroka, el documento de 73 páginas, firmado por varios congresistas de la ANR-PT y del Partido Liberal Radical Auténtico.
Los argumentos expuestos contra González, quien estaba desde el sábado en huelga de hambre contra el gobierno por un proyecto que ella consideró inconstitucional, alegaron “el uso indebido de influencias e inducción a un subordinado a cometer hechos punibles”.
La exlegisladora por el PEN declaró que adoptó esa medida contra la propuesta oficial de aumentar pagos del impuesto inmobiliario a las municipalidades, porque –argumentó- “la verdadera intención de ello es introducir la reelección presidencial”.
El Partido PEN de la senadora, que se autodefine defensor de un Estado social y democrático de derecho para el desarrollo económico, social y cultural de la población, expresó su solidaridad con González y afirmó que ella es víctima de “violencia política y de género, principalmente en las redes sociales”.
Kattya González Villanueva, senadora desde 2023, es considerada una de las principales líderes de la oposición contra el gobernante Partido Colorado.
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