La desaparición y muerte de la pequeña de ocho años Dana Ramos, en el municipio de Riobamba, en la sierra ecuatoriana, así como lo ocurrido a las hermanas Briana y Antonela Campo, de tres y 10 años, respectivamente, asesinadas en Tulcán, en el norte del país, causa gran consternación.
El Defensor del Pueblo (encargado), César Córdova, lamentó los incidentes y llamó al Estado a aplicar las políticas públicas necesarias para protegerlos y asegurarles una calidad de vida con dignidad.
El Gobierno invierte un 3,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en la niñez, cuando el estándar medio a nivel latinoamericano es del seis por ciento, apuntó el funcionario en una entrevista este lunes con la emisora Radio Pichincha.
En su opinión, se debe garantizar la presencia del Estado y asegurarle a los infantes servicios básicos, como el agua potable, el acceso a la salud y educación.
“Hay que sacar a los niños de la delincuencia organizada y atenderlos con servicios básicos”, remarcó el Defensor del Pueblo en referencia a la cantidad de menores de edad reclutados por bandas delincuenciales en medio del auge del crimen organizado.
Cifras del Ministerio del Interior ecuatoriano refieren el asesinato de 770 niños y adolescentes en 2023, un incremento drástico en comparación con los 104 casos de 2019.
En enero pasado, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) emitió una alerta sobre la cantidad de muertes violentas de menores.
El organismo internacional manifestó preocupación por la interrupción de servicios básicos en áreas controladas por grupos armados, lo cual no sólo pone a más niños en riesgo de ser reclutados, sino que corta el acceso a la salud, educación y protección para otros cientos de miles.
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