Durante una rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público, el alto funcionario mostró teléfonos, mapas, tarjetas personales y laptops de la ahora detenida y acusada por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros.
Reiteró que Brazalete Blanco tenía por propósito atacar la 21 Brigada de Infantería y el Batallón Negro Primero en el estado de Táchira, noreste, hacerse con el parque de armas, atentar contra la vida del Gobernador y provocar una escalada sucesiva de hechos hasta llegar a Caracas para atentar contra el Presidente.
Como parte de sus planes criminales, indicó, se apoderarían de 482 fusiles AK, de 51 pistolas y 10 escopetas.
Detalló que como parte de las pesquisas fueron obtenidos 18 mapas cartográficos con ubicaciones y demarcaciones de 24 zonas militares, incluida la de seguridad del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno.
Los mismos familiares reconocieron que estos planos y demás evidencias pertenecían a San Miguel, lo cual contradice, dijo, lo que ahora quieren hacer ver a través de una campaña de que se trataba de una defensora de los derechos humanos y trabajadora de la Cruz Roja, que supuestamente ejercía.
El titular del Ministerio Público afirmó que todos los mapas tenían la misma descripción, “no para hacer marchas”, sino de coordenadas de instalaciones militares, que se reservan como inteligencia del Estado y componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y “no para una ONG”.
Saab comentó que evidentemente tuvo que tener una presencia militar cercana que le fue suministrando información para un “trabajo de inteligencia sostenido en el tiempo”, que nada tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y de la Cruz Roja, reiteró.
Otras de las evidencias estuvieron relacionadas con un listado incautado con el personal militar “sin excepción” de todos los mandos del país, el recibo de pago de una transnacional petrolera, que no mencionó, y el suministro de información sensible, por lo menos en cuatro ocasiones, a personal extranjero.
Aludió en ese sentido a la entrega de información a un personal europeo sobre el fortalecimiento del sistema de defensa antiaéreo del país, que “no es de acceso público, aseveró.
El fiscal general expresó que Roció San Miguel se valía de tener contactos con miembros de la FANB para luego desatar acciones que atentaran contra la soberanía nacional.
Es incompatible, remarcó, presentarse como defensora de los derechos humanos y luego iniciar acciones magnicidas en contra del Estado venezolano.
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