El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, invitó a la población a acompañar para dar certeza a este proceso democrático y aseguró que están listos hasta el cercano 1 de marzo para recibir las propuestas. El funcionario explicó que las comisiones deben presentar tres candidatos para el cargo de gobernador departamental titular y tres para sus respectivos suplentes.
Guerrero remarcó que analizarán las observaciones u objeciones, por lo que en la Secretaría tomarán en cuenta cada aporte.
El Ministerio de Gobernación publicó el pasado 12 de febrero las listas de aspirantes y un total en todo el país de mil 546 personas oficializaron su papelería.
Sin embargo, reconocidos líderes indígenas o comunitarios quedaron al margen de la elección, como el expresidente de los 48 cantones del departamento de Totonicapán, Luis Pacheco, o Rigoberto Juárez, de Huehuetenango.
La Comunidad Indígena de San Francisco Quezaltepeque y el Consejo Indígena del municipio de Olopa, Chiquimula, rechazaron rotundamente las acciones de la sociedad civil representadas en el Consejo de Desarrollo.
Denunciaron en su pronunciamiento la inclinación por personas no idóneas en la terna titular y suplente, “parte de una estructura que opera para defender intereses de funcionarios y servidores corruptos”.
El Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua impugnó a los tres candidatos a la gobernación de Alta Verapaz, pues “son afines a figuras políticas y a empresas que causaron daños”.
Las alcaldías indígenas ancestrales municipales de Nebaj y Chajul, Quiché, mostraron su preocupación por cómo se está desarrollando el proceso, no obstante al esfuerzo del gobierno por hacerlo participativo, resaltaron.
Refirieron vicios del pacto criminal, en los que aparecen diputados y representantes de partidos políticos o de la sociedad civil, mientras denunciaron la opacidad contraria a la voluntad del Ejecutivo de transparentar la elección.
Las comunidades en resistencia de la Sierra de las Minas, Purulha, Baja Verapaz, describieron que fueron escogidas únicamente personas comprometidas con poderes vinculados a la corrupción y a la vieja política en el departamento.
Estos cargos en Guatemala, diseñados para ejecutar el presupuesto de obras públicas, no son de elección popular, sino de designación y libre remoción por parte del Gobierno. Durante las últimas tres administraciones nacionales, de acuerdo con varios análisis, algunos de quienes los ocuparon fueron señalados luego por corrupción.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien llegó al poder el pasado 14 de enero, está enfocado en el combate frontal a ese flagelo.
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