Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Corresponsal jefe en Venezuela
Su aprehensión el 9 de febrero en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, estado de La Guaira, cuando pretendía abandonar en la noche el país junto a sus familiares más allegados, desató una campaña mediática contra la República Bolivariana que hizo eco inmediato en los sectores de derecha.
Voceros oficiales y funcionarios del Gobierno estadounidense, de naciones como Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador, el Parlamento Europeo y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, alzaron sus voces para impugnar al Ejecutivo de Nicolás Maduro y a su justicia.
La decisión soberana de actuar en correspondencia con la Constitución, las leyes nacionales y el Derecho Internacional se convirtió rápidamente, con el apoyo de los grandes emporios de la comunicación y las redes sociales, en cuestionamientos, críticas y rechazos.
Claro que no faltaron las ya gastadas manipulaciones, pero todavía efectivas, a presuntas violaciones de los Derechos Humanos (DDHH), las faltas de garantías procesales y las desapariciones forzadas, aunque se violenten los conceptos, en este último caso, de organismos internacionales como la ONU.
El fiscal general de la República Bolivariana, Tarek William Saab, llamó a esta estrategia comunicacional como una “feroz campaña” orquestada desde el exterior contra el sistema judicial y el Estado de Venezuela.
Denunció que la cruzada es organizada por los mismos sectores que siempre menospreciaron las instituciones democráticas venezolanas y ampararon, a la vez, los intentos de magnicidio y golpes anticonstitucionales contra el país, organizados desde los poderes imperiales de Occidente.
Saab subrayó que la maniobra “pretende menoscabar las investigaciones” en curso y buscan generar impunidad al atacar e intentar deslegitimar las acciones que realizan las instituciones nacionales para combatir la violencia y el terrorismo.
Las declaraciones del titular del Ministerio Público venezolano a comienzos de año sobre cinco tramas contra la institucionalidad democrática que pretendían llenar de sangre al país y terminar con la vida del presidente Nicolás Maduro, estremecieron los cimientos de la nación.
Planificadas desde mayo de 2023 a través del eje Estados Unidos (Miami)-Colombia-Venezuela, las operaciones fueron planeadas por la ultraderecha nacional en complicidad con la CIA, la DEA y los servicios especiales del Ejército colombiano.
La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidenses tenían sus centros de operaciones en la nación neogranadina y desde allí operaban sus planes con la confabulación de civiles y militares venezolanos, entre ellos, la abogada Rocío San Miguel.
Resulta llamativo que de las cinco operaciones, cuatro pretendían acometerse entre mayo y diciembre del 2023, y una, Brazalete Blanco, el 1 de enero de 2024, año en que Venezuela celebra sus elecciones presidenciales.
Como dijo el grupo de investigación y análisis Misión Verdad, no sería descabellado pensar que se prepara un “escenario parecido al configurado en el marco del gobierno fake del “interinato” de Juan Guaidó, para conducir a la desestabilización y al llamado de cambio de régimen.
BRAZALETE BLANCO Y ROCÍO SAN MIGUEL
La participación de San Miguel en esta “lamentable y terrible” operación -como la llamó el fiscal general-, resulta evidente con la revelación de las pruebas presentadas que la inculpan de manera directa en esta trama conspirativa.
Brazalete Blanco tenía por propósito atacar la 21 Brigada de Infantería y el Batallón Negro Primero en el estado de Táchira, noreste, hacerse con el parque de armas, atentar contra la vida del Gobernador y provocar una escalada sucesiva de hechos hasta llegar a Caracas para atentar contra el presidente.
En sucesivas ruedas de prensa, ante medios nacionales y extranjeros, Saab detalló, paso a paso e “in crescendo”, la participación de esa ciudadana en esta acción, y reveló que fue clave la detención del exmilitar y terrorista Anyelo Heredia, quien develó a quienes estaban involucrados.
También presentó documentos en los cuales aparecía San Miguel con la misión específica a ejecutar como la de “comunicar en tiempo real” los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando.
Esta señora, dijo Saab, “fungía como espía”, a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones en contra de la soberanía nacional.
En menos de una semana, San Miguel pasó de “presunta involucrada” en estos sucesos, a partir de las investigaciones preliminares, a acusada por la cantidad de evidencias y pruebas mostradas en el curso de las indagaciones de la Fiscalía y los organismos de seguridad, que aún no han concluido.
Saab explicó que en horas de la noche del 12 de febrero, dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los Derechos Humanos y garantías constitucionales, se realizó en el tribunal segundo contra terrorismo la audiencia de presentación de seis ciudadanos, Rocío y familiares.
DELITOS Y ACUSACIONES
Como parte de la conspiración terrorista fueron ya apresados 15 personas, sobre otras 15 pesa órdenes de aprehensión y otras cuatro tienen medida cautelar, estos últimos los allegados de San Miguel que deben presentarse con regularidad ante la justicia.
Entre los detenidos se informó del oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Guillermo Enrique César Siero -hubo 33 arrestos en este sector vinculados a las cinco operaciones conspirativas- en cuyo domicilio fue encontrado un documento con las acciones de Brazalete Blanco.
Allí aparece “explícitamente Rocío San Miguel como responsable de algunas actividades”, afirmó el Fiscal General.
En su última presentación pública para abundar sobre el caso, Saab mostró teléfonos, mapas, tarjetas personales y laptops de San Miguel y apuntó que como parte de sus planes criminales se apoderarían de 482 fusiles AK, 51 pistolas y 10 escopetas.
Como parte de las pesquisas fueron obtenidos 18 mapas cartográficos con ubicaciones y demarcaciones de 24 zonas militares, incluida la de seguridad del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno.
Los mismos familiares reconocieron que esos planos y demás evidencias pertenecían a esta ciudadana y expresó que evidentemente tuvo que tener una presencia militar cercana que le fue suministrando información para un “trabajo de inteligencia sostenido en el tiempo”.
Otras de las pruebas estuvieron relacionadas con un listado incautado con el personal militar “sin excepción” de todos los mandos del país, el recibo de pago de una transnacional petrolera y el suministro de información sensible, por lo menos en cuatro ocasiones, a personal extranjero.
Aludió en ese sentido a la entrega de información a un personal diplomático europeo sobre el fortalecimiento del sistema de defensa antiaéreo del país, que “no es de acceso público”.
San Miguel está acusada por la comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, y está recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, aseveró a modo de esclarecer su paradero.
CAMPAÑA Y DESINFORMACIÓN
La campaña contra Venezuela en el caso de Rocío se centró no solo en la presunta violación de los Derechos Humanos del Gobierno bolivariano, sino también en algo más grave, al pretender vincular al Estado venezolano con la desaparición forzada.
Fue la propia Oficina del Alto Comisionado para los DDHH la que echó leña al fuego al escribir el 13 de febrero en un Post en X que “seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel”.
“Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”, indicó.
Dos días después, con el mal ya hecho, la misma oficina tomó nota de la detenida y de su paradero, así como el de sus cuatro familiares, pero llamó a “respetarse las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa”.
El 13 de febrero el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, manifestó estar “profundamente preocupado” por la detención de Rocío del Carmen San Miguel y de algunos miembros de su familia.
Kirby pidió al Gobierno bolivariano cumplir con los acuerdos de Barbados, firmados en octubre del pasado año con el sector extremista de la oposición venezolana representado en la Plataforma Unitaria.
El canciller venezolano, Yván Gil, respondió a las acusaciones del funcionario estadounidense al manifestar que el Gobierno de Estados Unidos “sale a proteger y amparar a los terroristas”, quienes confesaron sus crímenes y las “órdenes que recibían para dañar a nuestro pueblo”.
Ellos “son cómplices de los autores intelectuales y materiales de los actos de terrorismo e intervencionismo sobre Venezuela”, enfatizó.
Para Saab, la campaña quiere hacer ver que se trataba de una defensora de los derechos humanos y trabajadora de la Cruz Roja, actos que consideró “absolutamente incompatibles” con formar parte de un plan para asaltar cuarteles y secuestrar autoridades, con su consecuencia de muertes y violencia.
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