Semejantes reacciones siguieron a las cifras conocidas en el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas de 315 artículos presentado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, con la advertencia de ‘aumentos de gastos Cero’.
Puntualizó que por excepción se adicionaba una partida de apoyo a la primera infancia y un desvío de fondos del Instituto de Colonización para la regulación de asentamientos suburbanos, por demás insuficientes.
Esto último desencadenó una polémica, en la que participó críticamente el expresidente José Mújica y el juicio del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Fratti, de que con esa decisión emanada de la presidencia del país ‘están desvistiendo a un pobre para mal vestir a otro’.
Al comenzar la semana, el rector de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar), Rodrigo Arim, reiteró que las posibilidades de investigación en ciencia y producción de vacunas en el futuro sufrieron afectaciones por recortes presupuestales.
Fundamentales ámbitos como la Administración Nacional de Educación Primaria hasta la Udelar y la Universidad Tecnológica depositaron en el Legislativo sus esperanzas de obtener recursos recortados ya que todas sus propuestas de gastos considerados vitales no fueron recogidas por el Ejecutivo.
Por su lado, el Sindicato Médico de Uruguay (SMU) reafirmó su rechazo a una propuesta gubernamental sin incrementos en el área de salud que perjudica al sector profesional público, en un contexto sanitario como el de la pandemia de Covid-19.
A su vez, el fiscal general de Uruguay, Jorge Díaz, discrepó de un proyecto presupuestal que a su juicio debilita con recortes el enfrentamiento al llamado lavado de activos en el país, para el cual ‘no fuimos consultados ni estamos de acuerdo’, dijo.
Planteó en la Comisión de Hacienda la necesidad de incrementar las partidas asignadas al Órgano de Justicia debido a un déficit estructural en materia de gastos de funcionamiento.
El diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, calificó la Rendición de Cuentas Presupuestal de Arbeleche de »festejo al ajuste fiscal’, sin respuestas sobre el futuro económico ni el bienestar de sus compatriotas’.
Mientras la bancada legislativa frenteamplista puso en agenda senatorial la interpelación al ministro de Transporte por un cuestionado contrato entre el gobierno y una firma belga que recibirá concesiones de exclusividad por 50 años en el estratégico puerto capitalino.
El senador interpelante Charles Carrera manifestó que es un tema muy sensible para el país en lo económico y en lo social y ‘es la mayor entrega de la soberanía de los últimos 100 años’.
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