De esta manera, se concreta la propuesta formulada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador para que él y, a partir de su mandato los próximos mandatarios de México, sean procesados judicialmente en el ejercicio del mandato y condenados, iniciativa rechazada sin éxito por los partidos de oposición.
La nota de la gaceta detalla las modificaciones a la Constitución a fin de que el titular del Ejecutivo pueda ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos ilícitos por los cuales podría ser procesado penalmente cualquier ciudadano.
En los artículos transitorios de este decreto queda especificado además que se derogan todas las disposiciones opuestas al mismo, indica la gaceta oficial.
Además, se establece que para proceder penalmente contra el presidente de la República sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores, la cual resolverá con base a la legislación penal aplicable.
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