También deben manifestarse antes del 5 de septiembre el fiscal general Avichai Mandelblit y el Comité de Permisos de la Oficina del Controlador del Estado, encargado de analizar si las acciones de los ministros del Gobierno pueden suponer un conflicto de intereses, y decidir qué actos son permisibles y cuáles no.
El fallo fue una respuesta a la querella presentada por dos organizaciones no gubernamentales que reclaman mayor transparencia.
El escándalo estalló en 2019 cuando el diario Haaretz reveló que Netanyahu recibió esa suma de su primo y empresario Nathan Milikowsky.
Poco después el Comité de Permisos decidió que el entonces primer ministro solo debía devolver 30 mil dólares.
Netanyahu enfrenta cargos de fraude y abuso de confianza en un caso que involucra obsequios ilícitos recibidos de otros benefactores ricos. Según los informes, Milikowsky fue interrogado por la policía durante la investigación.
El exgobernante también es acusado de fraude y abuso de confianza por la provisión de beneficios regulatorios a cambio de una cobertura mediática favorable, así como cargos de soborno en uno de estos.
La pasada semana el Tribunal de Distrito de Jerusalén aplazó por cuarta ocasión el reinicio del juicio.
Durante su comparecencia en abril ante la corte, Ilan Yeshua, el exdirector del portal de noticias de Walla, afirmó que de 2014 al 2017 Netanyahu benefició de manera ilícita los intereses comerciales del accionista principal de ese sitio, Shaul Elovitch.
A cambio, según el testimonio de Yeshua, Elovitch proporcionó al entonces primer ministro y a su familia una cobertura positiva en el sitio web, en incluso le permitió dictar la política editorial de forma regular.
El pasado mes el diario The Times of Israel reveló que la policía investiga la construcción de un jacuzzi pagado por el Estado en una vivienda de Netanyahu. El periódico precisó que la obra costó 50 mil séqueles (unos 15 mil dólares).
En un caso separado a los de su esposo, en 2019 Sara Netanyahau llegó a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de un delito menor para evitar ser juzgada por fraude.
Ella fue acusada de gastar de 2010 a 2013 un total de 360 mil séqueles (unos 111 mil dólares) del presupuesto de la residencia oficial para encargar comidas a proveedores externos, pese a tener cocineros a tiempo completo pagados por el Estado.
mgt/rob
