La víspera, la Cámara de Representantes anunció que por falta de votos no podían aprobar una legislación que extendería la moratoria contra los desahucios, la cual protegía a inquilinos con dificultades para costear su renta.
Sin esta medida, podrán volver los desalojos prohibidos desde el año pasado debido a la pandemia de Covid-19.
A pesar de los reiterados pedidos del presidente norteamericano, Joe Biden, de actuar antes que la moratoria perdiera validez, esta propuesta no contó con apoyo suficiente ni siquiera dentro del Partido Demócrata, según reportes de prensa.
Este sábado, los legisladores de la Cámara Baja comenzaron sus vacaciones hasta finales de agosto, y les seguirán los senadores dentro de una semana, descartando así cualquier esperanza de un acuerdo rápido sobre la medida contra los desalojos.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ordenaron en septiembre de 2020 la suspensión de los desahucios, pues la economía más grande del mundo había perdido más de 20 millones de empleos a causa de los cierres provocados por la pandemia.
Según sostenían los CDC, el aumento de las personas sin hogar incrementaría los contagios de Covid-19 y por ello prorrogaron la normativa hasta el 31 de julio, pero según el Gobierno esa opción ‘ya no está disponible’ debido a una decisión del mes pasado del Tribunal Supremo.
Grupos de agentes inmobiliarios pidieron a la máxima corte del país bloquear la orden de los CDC, bajo el argumento de que el Congreso nunca lo autorizó y eso les ha causado pérdidas superiores a los 13 mil millones de dólares.
La moratoria se aplicaba a las viviendas que reciben un subsidio del gobierno federal y también a quienes menos ingresos tuvieron en el año 2020.
Pero muchas familias estadounidenses llevan meses sin poder pagar el alquiler a raíz del impacto económico de la pandemia y ahora corren el riesgo de ser desalojadas de sus casas, justo cuando la variante Delta del SARS-CoV-2 impulsa una nueva ola de contagios en la nación norteña y en todo el mundo.
De acuerdo con un estudio de la Oficina de Estadísticas realizado a principios de julio con 51 millones de inquilinos, unas 3,6 millones de personas corren riesgos de desahucios en Estados Unidos.
A esta situación se suma que el dinero destinado por el gobierno federal con el fin de ayudar a las personas y familias en dificultades para pagar sus rentas, debe atravesar un largo proceso de trámites antes de llegar a las cuentas bancarias de cada quien.
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