‘La medida es extrema como extrema es la necesidad de que haya cambios en el sistema educativo’, asegura Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), impulsora de la acción iniciada el 12 de julio en cuatro ciudades y extendida por el momento a 11 provincias, con carácter indefinido.
La decisión de los docentes ganó apoyo en diversos sectores de la sociedad ecuatoriana y, tras cuatro semanas, los huelguistas excedieron la cifra de 80, entre maestros, alumnos y algunos padres.
Para ellos es fundamental que entren en vigor las modificaciones aprobadas a la LOEI, las cuales, explicó Vargas, constituyen una reparación no solo para los educadores, sino también para los estudiantes y el sistema en general.
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REFORMAS A LA LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL
La lucha por cambios en la normativa inicial, avalada en marzo de 2011, duró varios años hasta llegar a abril de 2021, cuando el legislativo respaldó por mayoría modificaciones en alrededor del 80 por ciento de la normativa.
Los cambios se generaron después de consensuar propuestas de la comunidad educativa, académicos y otros sectores de la sociedad ecuatoriana.
El cuerpo legal fue publicado en el Registro Oficial y poco después quedó aplazada su implementación ante dos demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte, que permanece por más de dos meses sin emitir un fallo al respecto.
Parte de las reformas, incluye destinar el seis por ciento del Producto Interno Bruto a la educación en todos sus niveles y equiparar la remuneración del magisterio con la escala salarial del sector público.
Asimismo, el nuevo reglamento aborda temas sensibles como el acoso sexual y la violencia en el sector, al tiempo que dispone la conectividad en todos los establecimientos de educación pública del país y servicio gratuito de internet.
Igualmente, reconoce los años de experiencia para la revalorización docente y la recategorización automática e intercambio voluntario de puestos laborales entre maestros, entre otros beneficios.
GOBIERNO DE OIDOS SORDOS
Para la UNE, el ejecutivo hace oídos sordos y no ha dado paso a las propuestas de diálogo para generar un consenso.
Quienes reclaman sus derechos sostienen que el llamado ‘Gobierno del Encuentro’ es demagógico y cierra las puertas a demandas legítimas.
Las críticas a la administración aumentaron cuando, a finales de junio, el asesor jurídico de la presidencia apoyó la demanda de inconstitucionalidad de la LOEI.
También generó descontento el hecho de que en la Asamblea Nacional se realizaron mesas de concertación para tratar el tema, con presencia de parlamentarios, la Unión Nacional de Educadores, la Defensoría del Pueblo, aunque sin representación del gobierno nacional.
Según explicó a Prensa Latina Johnny Tamayo, presidente de la UNE de Quito y uno de los huelguistas, la LOEI contempla además la autonomía de la educación intercultural, bilingüe, la etnoeducación y el rescate de la identidad, que, en su criterio, es uno de los grandes tesoros y riqueza cultural de Ecuador.
Aseveró que la Ley es de gran importancia para garantizar una educación de calidad y bienestar para todos los actores del proceso de enseñanza, por lo cual continuarán en pie de lucha en espera de un pronunciamiento favorable por parte de la Corte Constitucional.
En caso de que no suceda de esa forma, la idea de UNE es mantener la lucha y acudir a otras acciones, además de extender la huelga de hambre.
Sobre ese particular, aclaró que la idea es llegar a 100 personas involucradas en el ayuno permanente y responsabilizó al gobierno nacional y a los nueve jueces de la Corte por la vida de quienes se unieron a la medida, debido a los efectos negativos que ocasiona a su salud.
En cuanto a las proyecciones, Tamayo dijo: ‘Esperamos que la Corte pueda dar su fallo a favor’.
Pasados 28 días de huelga, varios de los docentes y una estudiante sufrieron problemas de presión arterial y digestivos, por lo que debieron ser atendidos por personal médico ante quebrantos en sus organismos.
Los reclamos han encontrado eco en diversos sectores como gremios de trabajadores, estudiantiles, asambleístas e instituciones como la Defensoría del Pueblo.
Para darle más voz a los profesores, en varias urbes ecuatorianas se ejecutaron otras actividades como el cierre de vías principales, marchas, bicicletadas y presentaciones culturales.
Quienes defienden la LOEI, insisten en que no incide exclusivamente en el ámbito económico o a favor de los docentes, sino también en el resto de la vida de todos los involucrados en la educación.
Las crecientes muestras de apoyo a los manifestantes, quienes llevan cerca de un mes bajo una carpa desafiando las inclemencias de un clima frío en las noches y caliente durante el día, son, a los ojos de muchos, una constatación de que el reclamo es legítimo.
rmh/scm
*Corresponsal de Prensa Latina en Ecuador
