La máxima instancia del Poder Judicial revisó la norma luego de que el pasado día 4 el presidente Marcelo Rebelo de Sousa pidiera una fiscalización del texto.
De mantenerse como está resultaría en una restricción de los derechos fundamentales a la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones, y a la protección de los datos personales en el uso de la informática, expresó el presidente del TC, Joao Caupers, en un comunicado.
Paralelamente, la consejera Mariana Canotilho indicó en el dictamen que se produciría una violación de principios reservados al juez y de las garantías constitucionales de defensa en el área penal.
En el pedido, de Sousa dijo que los legisladores alteraron normas no directamente especificadas en la directiva europea sobre la materia.
La legislación propuesta por el gobierno, que facilita el acceso al Ministerio Público de las comunicaciones privadas, fue aprobada por el voto favorable del gobernante Partido Socialista, del Bloque de Izquierda y de Personas, Animales y Naturaleza.
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