El diputado oficialista Jorge Castro llevó a la FGR evidencias recabadas en una comisión parlamentaria que investiga el destino de fondos públicos para dicha práctica, considerada habitual por administraciones previas.
‘Traemos documentación probatoria, certificaciones idóneas de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que determinan la posible falsedad de algunos exfuncionarios’, declaró Castro.
En particular, los imputados son Rodrigo Ávila, Carlos Quintanilla Schmidt, Luis Mario Rodríguez y la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar, quienes cobraron sueldos sin declarar, aparte del estipulado.
Ávila, actual diputado por la derechista Alianza Republicana Nacionalista, cobró más de cuatro mil dólares mensuales de sobresueldo como director de la Policía Nacional Civil, entre 2006 y 2008.
A su vez, Escobar recibió 10 mil dólares mensuales por esta vía mientras fungió como vicepresidenta de Antonio Saca (2004-2009), quien actualmente cumple prisión por enriquecimiento ilícito y peculado.
El artículo 305 del Código Penal determina penas de entre dos y cinco años de prisión por el delito de falsedad. oda/cmv
