Tal resultado era esperado aunque existía expectación por el estrecho margen de votación que se preveía y se cumplió, al salir adelante por siete votos a seis, con el respaldo de todos los diputados de oposición y el rechazo de los de la derecha en bloque.
No obstante, todavía le resta camino por delante para convertirse en ley, pues el próximo paso será que la misma comisión analice y vote cada capítulo, para posteriormente pasar al plenario de la Cámara Baja.
Lo aprobado este miércoles es un texto en el cual fueron fundidos varios proyectos presentados con el mismo objetivo de retirar un 10 por ciento de los fondos de pensiones, con otros que proponían sacar el total de los dineros a decisión de los ahorradores.
En el debate de hoy se pusieron de manifiesto una vez más las posiciones encontradas de los legisladores de oposición y los de derecha alineados con el gobierno, en una jornada en la cual cobró aun más fuerza lo que algunos diputados calificaron como ‘campaña del terror’ para intentar influid en la votación.
Así, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, al intervenir en la sesión insistió en los supuestos efectos negativos que acarreará a la economía este cuarto retiro, principal argumento empleado por el Ejecutivo, al alertar que puede generar un fuerte aumento de la inflación.
Tras la votación, el socialista Marcos Ilabaca, presidente de la comisión, comentó que en la sesión se comprobó de qué lado está cada quien, y ‘aquellos que defienden las empresas aseguradoras de fondos de pensiones, el sistema financiero, y votaron en contra a espaldas de lo que la ciudadanía piensa y decide’.
Añadió que se impuso la decisión de la ciudadanía, que en un 80 por ciento quiere un cuarto retiro de sus fondos previsionales ‘porque la situación económica hoy día es absolutamente precaria’.
Analistas económicos plantean que este cuarto retiro pudiera dar al traste definitivamente con las aseguradoras de fondos de pensiones (AFP) uno de los baluartes del modelo neoliberal en Chile, que precisamente por eso son defendidas a capa y espada por el gobierno de Sebastián Piñera.
Esas entidades financieras privadas administran el dinero de las cuentas individuales de ahorros de jubilación de millones de chilenos, con lo cual han acumulado en años cientos de miles de millones de dólares, pero entregan pensiones ínfimas, generando un rechazo cada vez más amplio en la población.
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