Esa cantidad de centroamericanos que necesitan asistencia alimentaria urgente, forman parte de los cerca de ocho millones que en 2021 se encuentran en inseguridad alimentaria aguda en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, cifra que se multiplicó casi por cuatro en los últimos dos años.
De acuerdo con el director regional del PMA para América Latina y el Caribe, Miguel Barreto, por el nivel de destrucción y retrocesos se espera que la recuperación será larga y lenta, luego de un 2020 para el olvido en todo el mundo, en especial las comunidades centroamericanas fuertemente golpeadas.
Alrededor de un 15 por ciento de encuestados por el PMA en enero de 2021 refirieron planes de migrar porque sus casas y cultivos habían sido destruidos, los alimentos se agotan y las oportunidades de empleo disminuyen.
La temporada récord de huracanes en el Atlántico de 2020 afectó a millones de personas que antes no habían sido tocadas por la inseguridad alimentaria, entre ellas las que dependen de la economía de servicios, el turismo y los trabajos informales.
Según las estadísticas, esos fenómenos destruyeron más de 200 mil hectáreas de alimentos básicos y cultivos comerciales en los cuatro países y más de 10 mil hectáreas de cultivo de café en Honduras y Nicaragua, en medio de una grave situación por pérdidas de empleos y economías en contracción a causa de la pandemia.
‘Las comunidades urbanas y rurales de Centroamérica han tocado fondo, la crisis económica provocada por la Covid-19 ya había puesto los alimentos en los estantes de las tiendas fuera del alcance de las personas más vulnerables para cuando los huracanes Eta e Iota los azotaron’, comentó Barreto.
Agregó que las zonas rurales llevan la peor parte de una emergencia climática, en la que años consecutivos de sequía y un clima errático han interrumpido la producción de alimentos, especialmente del maíz y los frijoles.
El PMA llama a la comunidad internacional para que apoye sus esfuerzos en Centroamérica con el fin de brindar asistencia humanitaria urgente e invertir en proyectos de desarrollo a largo plazo y en programas nacionales de protección social.
Su propósito es ayudar a 2,6 millones de personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en 2021, para lo cual requiere 47,3 millones de dólares durante los próximos seis meses.
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